Consejo de Gobierno
La rebaja del IVA y la electricidad restarán 265 millones a Castilla y León
Fernández Carriedo lamenta que no se haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas para esta decisión
La Junta de Castilla y León calcula que la rebaja del IVA en algunos alimentos anunciada por el Gobierno, sumada a otras como la del impuesto de la electricidad, van a suponer una merma en los ingresos de la Comunidad por importe de 265 millones de euros, con los que contaba el Gobierno autonómico en la Ley de Presupuestos recién aprobada.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado que el Gobierno no haya contado con los ejecutivos autonómicos, dado que la mitad de la recaudación del IVA corresponde a las comunidades, y también ha echado en falta que alimentos como la carne y el pescado no hayan sido incluidos en la lista.
Preguntado por cómo piensa compensar esa merma de ingresos que ha reconocido, Carriedo ha indicado que esperará a ver cómo evolucionan el resto de ingresos de la Comunidad a lo largo del año y también a ver si esta circunstancia tiene respuesta a la hora de contabilizar el déficit autonómico, pero ha indicado que lo que harán las Consejerías será comenzar a ejecutar el presupuesto aprobado desde el 1 de enero.
“Si hace falta tomar medidas, les informaremos”, se ha limitado a decir sobre la adaptación que pueda tener que hacer la Junta en su presupuesto por esta previsión de merma en los ingresos tributarios.
El portavoz ha remarcado que no critican al Gobierno la rebaja del IVA, sino que no lo haya comunicado previamente a la Junta, o al menos que informe de que ese anuncio tiene efectos sobre la capacidad financiera de las autonomías.
Por otra parte, la Junta ha solicitado al Gobierno “máxima colaboración” e información ante “la preocupación” por el aumento de contagios de Covid en China, que afronta su peor brote tras abandonar la política de “Covid cero”.
“Es un tema muy sensible” que “requiere del máximo nivel de colaboración e información” del Gobierno con las comunidades autónomas que gestionan la asistencia sanitaria.
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