Abogados y procuradores de León reclaman "normalidad" en el Servicio Público de Justicia

Un centenar de abogados y procuradores se concentró hoy a las puertas del Juzgado de León para pedir “normalidad” en el Servicio Público de Justicia en una situación de “mínima actividad judicial” arrastrada durante los últimos seis meses por diferentes huelgas y que ha generado “desesperación” entre los profesionales y despachos profesionales.

La concentración, convocada por los Colegios de la Abogacía y de Procuradores de León, tuvo el objetivo de “visibilizar un problema muy importante que padece la Administración de Justicia”, como es “la paralización prácticamente total desde el mes de enero de este año”, desde cuando ha habido “una mínima actividad judicial”, con “una repercusión de paralización para los despachos profesionales”.

Así lo detalló el presidente del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Santocildes, quien mostró “el respeto al derecho de huelga de los funcionarios y de todo trabajador”, pero lamentó que “la paralización provocada está teniendo consecuencias en profesionales ajenos y en la ciudadanía”, ya que hay juicios en la provincia que se están retrasando hasta el año 2025, “algo gravísimo”.

“Ojalá la Abogacía o la Procura tuviéramos en nuestra mano la posibilidad de dar solución al conflicto, pero no la tenemos, por lo que instamos a quien corresponda a dar una solución definitiva para recuperar la normalidad en el servicio público de justicia y que los ciudadanos, que son los principales destinatarios, vean cómo las pretensiones que llevan a los juzgados se ven resueltas de una manera ágil y eficaz”, expuso Santocildes.

En este sentido, pidió que “se minimicen los daños hacia los profesionales y la ciudadanía” y que se trate de evitar que “acudan a las sedes judiciales para la celebración de juicios y sin haber preavisado sobre la suspensión que ya estaría prevista”.

En cuanto a la situación concreta de los despachos, el abogado puntualizó que “los despachos, cuando no celebran juicios, no acuden a las sedes judiciales y no tienen resoluciones, no facturan”, a pesar de lo que “siguen generando gastos”. Así, “los despachos están en una situación francamente crítica y hay compañeros que se plantean la posibilidad de alguna alternativa al ejercicio profesional”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Procuradores de León, Encina Martínez, reiteró las palabras de su homólogo en la Abogacía al afirmar que “en todo momento se respeta el derecho a la huelga”, pero lamentó que, ante el conflicto existente, ambos colectivos son “la consecuencia directa” y, de manera concreta, los procuradores, “cuya actividad depende de la actividad judicial”, de manera que si esta se paraliza, también se paraliza su actividad en los despachos y “la actividad económica”.

Una situación que se arrastra desde hace seis meses y que además se suma a la paralización de la actividad por la pandemia del COVID-19, lo que genera una situación “desesperada” para muchos profesionales.