Sociedad
El IV Acuerdo de Diálogo Social en Valladolid contará con siete líneas de actuación y una dotación de 23 millones este año
Conrado Íscar incide en que el documento profundiza en vivienda, sostenibilidad, servicios sociales y empleo
El IV Acuerdo de Diálogo Social en la provincia de Valladolid contará con siete líneas de actuación para el horizonte 2024-2027 y una dotación de 23 millones para este primer año. Así lo pusieron de manifiesto durante la firma del mismo, esta mañana, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, el secretario provincial CCOO, Raúl García Aguado, y el secretario provincial de UGT, Jesús Vara.
Íscar destacó que las partes firmantes han hecho “un importante esfuerzo para aunar posturas y sacar adelante este nuevo acuerdo”. “Estamos convencidos de su bondad y porque además contamos con una premisa muy importante, que no es otra que el alto cumplimiento de los tres acuerdos anteriores firmados, lo que sin duda motiva a todos a continuar por esta línea de dialogo y negociación”, defendió.
En este sentido, insistió en que “es imprescindible alcanzar el mayor consenso social en el diseño y aplicación de las políticas económicas y sociales, con el fin de avanzar en un progreso basado en objetivos de crecimiento duradero y sostenible y que permitan, al mismo tiempo, una mayor cohesión social”, y señaló que este acuerdo “incide especialmente en la idea de que el Diálogo Social es una vía eficaz para mejorar la situación social y económica de la provincia de Valladolid, y en el mismo se proponen actuaciones en ámbitos de tan indudable importancia para nuestro progreso económico y social como los relativos a desarrollo económico, políticas sociales e igualdad o políticas de empleo”.
El nuevo Acuerdo da continuidad a las líneas establecidas en el III Acuerdo del Diálogo Social, debido a los “buenos resultados obtenidos”, pero trata de mejorar algunos aspectos que son determinantes para el desarrollo social y económico de la provincia. Así, las nuevas propuestas siguen la estela puesta en marcha por el Plan Impulso, en el que se han desarrollado medidas tendentes a potenciar el crecimiento económico, la reducción de desempleo y el incremento de la competitividad de nuestras empresas, al tiempo que vuelve a prestar especial atención a los jóvenes, a las personas con capacidades diversas, a mayores de 45 años y parados de larga duración, a personas en riesgo de exclusión y a mujeres.
Junto a ello, el Acuerdo, que deberá ser aprobado por el Pleno de la Diputación, está alineado con los 17 ODS, “manteniendo y fortaleciendo el compromiso de la Diputación de Valladolid con el necesario Desarrollo Sostenible y siguiendo los principios establecidos en la Agenda 2030”.
Vivienda
El IV Acuerdo se desarrolla en siete líneas de actuación. La primera de ellas está destinada específicamente al problema de la vivienda. En este apartado se incluyen diferentes líneas de actuación incidiendo en la continuidad del Plan Provincial de Vivienda.
En este ámbito se incluyen acciones destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, a la rehabilitación de viviendas, a facilitar a los ayuntamientos la adquisición de viviendas para destinarlas a alquiler social, la convocatoria de ayudas al alquiler en el medio rural a mayores de 36 años, la elaboración de un censo de vivienda pública municipal, y la posibilidad de establecer un protocolo de colaboración con la Junta de Castilla y León para reforzar la oferta de vivienda pública en venta para jóvenes en municipios de la provincia.
Este apartado incluye también la próxima apertura de una residencia juvenil para los jóvenes de la provincia que, por razones de estudio o trabajo, se vean obligados a permanecer fuera de su domicilio familiar y que tendrá su ubicación en el Centro Asistencial Doctor Villacián.
Formación e información
Esta segunda línea incide en la apuesta por una “formación de calidad y por una transmisión de información veraz como necesidades básicas de la sociedad actual”. El Acuerdo señala, además, que es “preciso buscar soluciones a problemas acuciantes para la población del mundo rural”, en materia como la relación con las instituciones financieras, la inadaptación a las nuevas tecnologías y el envejecimiento de la población rural en la provincia. Para ello, es necesario desarrollar acciones formativas que permitan la mejora de la empleabilidad y mejore los entornos laborales, haciendo especial hincapié en la educación en economía básica y medioambiental.
En este capítulo destacan acciones de formación/información relacionadas con la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías; la digitalización en el comercio online; la promoción en materia de economía circular y economía verde; la información/formación en materia de gestión financiera y para ayudar las vacantes de empleo de difícil cobertura; o seguir desarrollando la web de la Oficina del Emprendedor.
Asimismo, se potenciarán los programa mixtos de formación y empleo; se fomentará la formación a autónomos y micropymes a través de las oficinas Acelera-PYME; se desarrollará el Centro de Capacitación Digital provincia de Valladolid para formar en competencias básicas digitales a la ciudadanía, priorizando a colectivos como las personas inmigrantes; se reforzarán los programas Erasmus+; y se hará un esfuerzo especial en la puesta en marcha de programas de formación online en materias de igualdad, sensibilización y conciliación destinados a las mujeres del mundo rural.
Además, se ofrecerá asesoramiento a empresas, a jóvenes para su inserción laboral y emprendimiento, y a autónomos a través de diferentes programas. Por último, en este apartado se muestra específicamente el apoyo de la Mesa del Diálogo Social al Plan Territorial de Tierra de Campos, generando sinergias con los programas que desarrolle la Diputación de Valladolid.
Inmigración
En el Acuerdo se señala que la llegada de inmigrantes de origen extranjero a las áreas rurales de nuestro país ha sido considerada desde la Diputación de Valladolid como una oportunidad para detener la despoblación y el declive imparable de muchas de ellas, y se establece que se mantiene el compromiso de la Diputación de Valladolid con la continuidad de la atención a la población extranjera con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la empleabilidad de las personas inmigrantes de las poblaciones de la provincia de Valladolid fomentando una real igualdad de oportunidades para ellas y sus familias. En la misma línea, se prestará asesoramiento a las empresas que se planteen la contratación de personal migrante.
En el texto de hace especial referencia a situaciones como el Proyecto de Reasentamiento de personas nicaragüenses en la provincia de Valladolid, el mantenimiento del convenio de colaboración con el secretariado gitano y minorías étnicas o el Plan de Atención al Trabajo Temporal Agrícola, destinado a un grupo importante de personas que requieren viviendas disponibles y capacitación en manejo de herramientas y prevención de riesgos laborales para desarrollar su trabajo de manera segura y eficaz, y para el que se realizarán acciones concretas.
Sostenibilidad
El Acuerdo considera necesario abordar la cuestión del cambio climático, el calentamiento global y sus consecuencias, así como promover un consumo responsable. Por ello, incide en apoyar el ahorro energético como elemento fundamental del desarrollo económico y de la sostenibilidad ambiental, así como en desarrollar líneas que faciliten en las empresas y a sus trabajadores y trabajadoras la concienciación, sensibilización y formación en aspectos relacionados con la sostenibilidad.
En esta materia, se está elaborando a Estrategia Agenda 2030 Diputación de Valladolid, relacionada con el Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la institución, que se presenta como un marco estratégico basado en tres ejes: social, de buen gobierno y ambiental. Dicho Plan establece también ocho objetivos fundamentales: la promoción de la igualdad y la inclusión social; la mejora de la calidad de vida de la población; la transparencia y la ética en la gestión; la promoción del desarrollo sostenible; la participación ciudadana y el voluntariado; el fortalecimiento del buen gobierno; la protección del medio ambiente y la contribución a los ODS.
El Acuerdo prevé también la creación de un Grupo Focal que impulse y coordine el proceso de implantación de la Agenda 2030 que elabore una propuesta realista y que recoja los primeros pasos a dar en el establecimiento de la Estrategia 2030, identificar por cada ODS aquellas áreas y programas que ya están contribuyendo o están relacionados con la Agenda 2030, o elaborar una Declaración Institucional de Adhesión.
Al margen de esta cuestión, y dentro de este apartado, la Diputación de Valladolid se compromete a fomentar el consumo responsable con la intención de reducir los residuos generados; la instalación de puntos de recarga en los municipios y la posibilidad de contar con puntos de recarga móviles, así como la elaboración de un catálogo de puntos de recarga.
Igualdad
En este apartado se trata de seguir avanzando en la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres fomentando el empleo femenino a través de líneas específicas que permitan mejorar la empleabilidad de las mujeres y facilitar el mantenimiento de la población.
Aquí se incluyen el desarrollo del VII Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género 2023-2026, las subvenciones a ayuntamientos para la organización e actuaciones de sensibilización, visibilización y conmemoración de jornadas en materia de igualdad, los talleres de formación para la igualdad, las subvenciones a las mujeres del mundo rural para la obtención del carné de conducir, o las ayudas para la formación y/o conciliación de la vida laboral, personal y laboral.
Servicios Sociales
Abarca ámbito muy diversos que van desde las ayudas de emergencia al reforzamiento de la Ayuda a Domicilio, manteniendo el compromiso de que no existan lista de espera, y ello teniendo en cuenta además el incremento de horas en la prestación del servicio.
Aquí se incluyen también actuaciones como las destinadas a promover el envejecimiento activo de la población, el desarrollo del VI Plan de Juventud, del I Plan de Infancia y Adolescencia o del VIII Plan Provincial de Adicciones 2023-2026, el mantenimiento de las ayudas destinadas a cooperación internacional o las subvenciones para el desarrollo de proyectos de acción social.
Empleo, economía y reto demográfico
En este último apartado se incluyen todas las ayudas y subvenciones dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores, como por ejemplo el Plan de Empleo de la Diputación de Valladolid, así como las ayudas al empleo y al autoempleo para autónomos y pymes de la provincia. También los diferentes programas de empleo desarrollados en colaboración con la Junta de Castilla y León.
Asimismo, y en el ámbito del desarrollo económico, se incluyen las ayudas para incentivar la adquisición de parcelas en los polígonos industriales y naves gestionados y promovidos por Avanza Valladolid, las ayudas a la venta ambulante y al comercio de proximidad, las ayudas a la constitución, formación y promoción de las asociaciones empresariales de la provincia; el programa de apoyo al comercio en zonas rurales; el programa de revitalización socioeconómica de la provincia de Valladolid; o el programa de Comercio Rural Mínimo.
Control y seguimiento
El nuevo Acuerdo tiene un período de vigencia 2024-2027 y cuenta, en este primer año, con una dotación presupuestaria que se eleva hasta los 23 millones, de los que 14,1 corresponden a políticas sociales y 8,8 a políticas vinculadas al empleo, el desarrollo económico y la lucha contra el reto demográfico.
Para la evaluación del cumplimiento del Acuerdo, las Comisiones Sectoriales de Empleo y Desarrollo Económico y la de Acción Social creadas por el Consejo de Dialogo Social analizarán sus logros y desarrollos, elevando su valoración a la mesa del Diálogo Social para que puedan analizar las diferentes actuaciones y actualizar el conocimiento sobre la realidad socioeconómica de la provincia de Valladolid.
Asimismo, se determina una revisión del IV Acuerdo a los dos años de la firma del mismo, con el fin de poder considerar la posible aprobación de una adenda en caso de que se considerar necesario.
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