Alhassane, un camino de éxito hacia el arraigo

“No me importa tener que pagar impuestos porque sé que eso repercute en la sociedad. Y eso significa que tengo trabajo”. Siempre sonriente, Alhassane Diallo ha cambiado la luz de sus ojos. Continuamente alegre y divertido, incluso bromea con Susana y Fernando, educadores sociales, y Vanesa, trabajadora social de la Fundación La Merced Migraciones, ubicada en el barrio de La Victoria de Valladolid. Esta entidad acogió al joven guineano en febrero de 2017 cuando llegó, junto a otros seis ciudadanos subsaharianos, de la mano del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social (hoy ya no lleva esa denominación). Seis años después un centenar de chavales han pasado por el programa, pero el de Alhassane es uno de los más de veinte casos de “éxito”, es decir, que han obtenido el permiso de residencia y trabajo y están de manera autónoma.

Trabajador y con numerosas inquietudes, desea estabilizarse en España, a pesar de tener dos hermanos en Francia. Su situación ahora, con un contrato de trabajo como costurero en la empresa Cumbers, en el Polígono San Cristóbal, dista mucho del escenario que se encontró aquel chico que recién cruzó el Estrecho en una patera, hasta las costas de Málaga, tenía el objetivo de regresar a su país, pero aquello no fue fácil.

Abandonó Ratoma, un distrito de Conakry, capital de Guinea, para cobijarse, sin él saberlo, en la Fundación, de la cual ahora se ha desvinculado legalmente. Aunque eso no le prohíbe hablar de forma habitual y tomar un café con cualquiera de los trabajadores de la Fundación, a la que está muy agradecido y con quienes mantiene un estrecha relación.

No olvida tampoco la figura del recientemente fallecido padre Koldo, quien le ayudó notablemente a la hora de aprender el castellano con clases particulares, fundamental para poder desenvolverse en una tierra que, sin embargo, ha acogido a este joven francófono con los brazos abiertos. “Me dio mucha pena cuando murió”, se emociona.

Buen ejemplo de la validez de las personas lo demuestra quien hoy es su jefe. “Hoy hace falta gente con ganas, con implicación y cualificados. Y Alhassane lo es. Vimos determinados perfiles y rápidamente empezó a trabajar con nosotros. No me importó tener que esperar a que tuviera los permisos de trabajo, porque se lo ha ganado él solo con su esfuerzo”, destaca Rubén Sobas, CEO de Cumbers, quien subraya la maña que el joven guineano tiene para utilizar la máquina de coser y que hacía sus pinitos en la Fundación con un viejo aparato.

Ahora ha roto la vinculación legal con la Fundación, aquella en la que comenzó durante seis meses, con dos prórrogas de otro medio año cada una. Ahora, la reforma de la Ley de Extranjería del pasado año ha colocado en diferente posición a todos estos jóvenes, para los que es necesario únicamente un contrato de trabajo firmado por el empresario para solicitar el arraigo social, que les garantice al menos el SMI y no inferior a 30 horas semanas y demostrar que lleva tres en España, sin antecedentes penales de su país y un informe de arraigo social del Ayuntamiento.

Pero por aquel entonces, en 2017, la pesada y densa burocracia complicaba una situación que incluso dificultaba el permiso de residencia no lucrativo, y que no les permitía trabajar. La Fundación cuenta además con una serie de pisos sostenidos por ayudas de la Junta de Castilla y León y donaciones, en los que Alhassane residió en una segunda fase de su etapa para poder lograr el arraigo social.

Quedarse en Valladolid

Quiere labrarse un futuro en Valladolid, porque en España todo es “más ordenado, hay más seguridad”. Al principio, reconoce, nada más llegar quería regresar a su país a través del programa de retorno voluntario que financia el Gobierno, pero para autorizarlo debe estar muy justificado. Ahora, en unas semanas, podrá ir de visita para ver a su familia.

Parte de sus ingresos, continúa, se envía a su familias en África para que “puedan comer”. Por ejemplo, un paquete de Paracetamol tiene un coste en su país de alrededor de tres euros, y “aún hoy les cuesta entender que en España la Sanidad es gratuita”, explica la educadora, quien sostiene que Diallo es consciente de que “se paga con impuestos”, de ahí que no tenga problemas en trabajar, que era su principal objetivo al llegar.

Algo de engaño

Alhassane vivía en Senegal antes de partir hacia Europa; y achaca a los “amigos” el deseo de venir. “Allí todos pensamos que aquí nuestros amigos viven de lujo. Venimos muchas veces engañados, también por los medios de comunicación de allí”, expone en un corrector español, aunque es cierto que “mientras en su país puede comer un plato de pasta, aquí comía dos gracias a la ayuda humanitaria. “Cuando estaba en el centro viviendo, abría el frigorífico 25 veces al día”, ironiza Susana.

El joven guineano matiza que los jóvenes subsaharianos se convencen de que “vienes aquí a trabajar desde el primer día”, pero no todo es así de sencillo. Una vez que has llegado “tienes que estudiar, formarte, conseguir papeles, y todo ello cuesta mucho trabajo y tiempo”, recuerda el africano, que es un asiduo de las ‘pachangas’ de fútbol sala en las pistas que hay junto a la Playa de Las Moreras.

Todos los trabajadores de la Fundación conocen a Alhassane, uno de los chicos “más buenos” que han pasado por el programa, aciertan a coincidir. Al centro, recuerdan, solo llegan jóvenes emigrantes que cumplan distintas condiciones, como estar en riesgo de extrema vulnerabilidad, en situación irregular, que hayan alcanzado España en patera o saltando la valla y que tengan entre 18 y 21 años, remarca. Todos ellos han estado antes en centros de internamiento de extranjeros (CIE) o centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI).

El principal muro que encuentran al llegar es el idioma. Pero Alhassane, desde el principio, hacía sus pinitos en la Fundación como costurero, oficio que aprendió en su país y en Senegal, donde residía con su familia, que tenía un taller de coser. Desde que cumplió los 18 meses en la Fundación y hasta completar los tres años de estancia para solicitar el arraigo social, desarrolló labores de costura en la Obra Social San Vicente de Paúl, donde compartió sus conocimiento con Carmen, una de las docentes del taller. Le encanta que le denominen como ‘artesano costurero’, sobre todo mientras realizó sus creaciones más originales, aunque ahora maneja una máquina de coser a nivel industrial para la ropa deportiva.

Susana Mozo explica que en el trascurso del su viaje en patera conoció a Helena Maleno, activista hispano-marroquí, fundadora de la ong ‘Caminando fronteras’, conocida en el Estrecho por ser la autora de varios avisos de las salidas de pateras desde África, mucho antes de ser detectadas en el mar.

La completa obtención de permisos

Uno de los requisitos necesarios para obtener el arraigo social es contar con un pasaporte o cédula de identidad, algo que fue complicado para Alhassane y la Fundación La Merced Migraciones, pues la situación administrativa del país africano provocó un proceso farragoso. “Cuando llamamos a la Embajada de Conakry en Madrid nos dijeron que no daban pasaportes desde hacía diez años”, señala la educadora, que en aquel momento se echó las manos a la cabeza. Finalmente, han tardado cuatro años en concederlo.

Su familia desde Guinea, incluso, envío una carta de prueba para comprobar que llegaba la documentación requerida; y llegó a la Fundación en Valladolid. A partir de ahí, pudieron enviar el acta de nacimiento, necesario para el pasaporte. Se elaboró un poder notarial en Valladolid y se hizo la petición a su país de origen. La Oficina de Extranjería resolvió y con toda la documentación Alhassane pudo solicitar su tarjeta de identidad de extranjero en la Policía Nacional. “Nuestro trabajo desde la Fundación también se encuentra en estos trámites para facilitar la documentación a jóvenes que quieren quedarse y que en muchos casos no saben ni hablar español. También, en convencer al empresario de que contrate a estos chicos cuando lo merecen”, relata Susana.

Posteriormente a ese trámite, Alhassane trabajó en Grupo Antolín para coser asientos para Renault, ya con una máquina industrial. También ha cuidado a una señora en una casa. Todo ello para sumar horas de trabajo que el ha facilitado la renovación del arraigo. Él y el resto de sus compañeros, sufrieron un tiempo que se extendió alrededor de tres meses y que “se le hizo eterno” al guineano por la “incertidumbre” de si lograría o no los papeles.

Mozo explica que cuando entran en España se les asigna un número NIE, como su DNI, pero es “temporal, sin validez”. A pesar de las facilidades que pueda dar la modificación de la Ley de Extranjería, la trabajadora social recuerda que también ha variado el Programa de Ayuda Humanitaria, que antes era de un máximo de 18 meses (con prórrogas incluidas), frente a los tres meses actuales con posibilidad de alguna prorroga de otros tres: “Supone también que cada poco tiempo tenemos que volver a empezar de cero con los nuevos chicos. Y los casos de éxito como el de Alhassane son ahora más complicados en solo tres meses, más otros tres de prórroga si la conceden”.

Vanesa Encinas coincide con Susana y ofrece cifras de la Fundación que contextualizan la situación. Señala que de los cuatro arraigos que se han gestionado en el último año, ha coincidido que no estaba efectivo el cambio de la norma o que ya estaba la documentación entregada y no les ha afectado la modificación. Sin embargo, sí se han beneficiado de la duración del contrato, presentados ahora como indefinidos por defecto (a raíz de la reforma laboral), en lugar un mínimo de un año de duración, como era antes.

Encinas recuerda que en 2021 hubo un cambio que afectó a jóvenes que habían sido menores acogidos. El reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, tenía como objetivo modificar el régimen jurídico de menores y extutelados para favorecer su integración. En la Fundación afectó a seis chicos, a los que se gestionó el permiso de residencia y de trabajo.

La labor de la Fundación, con cinco trabajadores en Valladolid, tiene cuatro patas. En primer lugar, el proyecto de ayuda humanitaria; en segundo, los pisos de promoción a la autonomía que sirven de entrenamiento y transición a la vida autónoma; en tercero, prestar apoyo socio jurídico a las personas migrantes; y por último, el desarrollo del Proyecto de Empleo. Además, trabajan en iniciativas transversales a nivel nacional, como son los casos de Salam y DiverSA.

El último escalón

Rubén Sobas, Ceo de Cumbers, habla del último escalón para estos jóvenes, que soñaron con arribar a Europa con el deseo de trabajar y poder mantener a su familia. Tras años de dificultades. Alhassane forma parte de la plantilla de nueve empleados de una empresa que nació en 2017. “Estoy muy contento. Hacemos ropa deportiva, equipaciones para colegios y otro tipo de encargos”, resalta Alhassane, mientras fija su vista en las presantelas por las que pasa el hilo.

El día de la visita, el joven guineano está cosiendo ropa del Valladolid Club Voleibol y del colegio de las Agustinas. Lo hace junto a su compañero Mario Darwish, un ciudadano sirio que huyó de la guerra de su país hace casi una década, pero que residió ocho años en Turquía, antes de aterrizar definitivamente en España, donde en sus ratos libres hace sus pinitos en la fotografía.

Sobas abre las puertas de su empresa y recuerda que durante los meses más duros de la pandemia también se transformaron para fabricar mascarillas, concretamente más de un millón de esta prenda que ha acompañado a la sociedad de forma inseparable durante los últimos tres años.

Alhassane lleva algo más de un año en la empresa y ya ha disfrutado de tres subidas de sueldo en este tiempo “porque se lo merece”, explica Sobas, quien solo tiene buenas palabras para su trabajador. Incluso, asegura que tiene en previsión ascenderle a jefe de taller, porque genera “buen rollo”.

Cumbers se dedica, exactamente, a sublimación de ropa deportiva, es decir, que por medio de color se personalizan los diseños. Sus clientes van desde los clubes a colegios e incluso equipos profesionales. También la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Ejército, porque además de sus uniformes habituales, “luego necesitan su ropa de entrenamiento”.

El hecho de fabricar cientos de miles de mascarillas durante lo peor de la pandemia permitió a esta empresa abrir mercados que ahora aprovecha con su ropa. De hecho, comercializa su producto en 13 países, informa Ical.