Carnero apuesta por el diálogo, reclama la continuidad del convenio y rechaza la disolución promovida por Óscar Puente de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Como estaba previsto no hubo entendimiento en una nueva reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Tras más de tres horas de reunión, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, volvió a apostar por el diálogo, a la vez que reclamaba la continuidad del convenio y rechazar la disolución «promovida» por el ministro Óscar Puente.

«La propuesta de extinción es unilateral y caprichosa por parte del ministro al no existir causa objetiva», indicaba Carnero quien añadía que el «Consistorio ha cumplido fielmente con las obligaciones y compromisos asumidos en el convenio de 2017 y no concurre ninguna causa para su extinción».

Es por ello que ha vuelto a reclamar diálogo y ha defendido que el Ayuntamiento seguirá con la viabilidad de un convenio que «todavía tiene un largo camino por recorrer» y ha recordado que existen obras que ya cuentan con proyecto o que van a tenerlo en un corto espacio de tiempo, además de otras actuaciones incluidas en el convenio que pueden realizarse. Así, ha citado la descontaminación y posterior entrega y gestión urbanística de los terrenos de los antiguos talleres de Renfe.

El alcalde también ha lamentado que Puente «no quiere escuchar a la ciudad y se empeña en mantener el muro ferroviario aquí cuando lo está eliminando en otras ciudades de España. Su idea de consenso es que todos asientan a sus deseos.

Carnero ha acusado al ministro por imponer posturas unilaterales en la elaboración de estudios sobre la red arterial ferroviaria a su paso por la ciudad, importantes obras de la nueva estación, aparcamientos y edificios de uso comercial sin respetar ni el diálogo ni las competencias municipales en estos proyectos. «Este país, además de ministerios, tiene ayuntamientos que defienden los intereses de la ciudad», ha dicho Carnero, quien avisó que va a seguir luchando por el soterramiento.

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no se pudo celebrar finalmente al no reconocer dos socios, el Ayuntamiento y la Junta, la convocatoria de este órgano que tenía sobre la mesa deliberar sobre su disolución. No obstante, los representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible insistieron en que esto no impide acudir al juzgado de lo mercantil para poner fin a esta entidad.

Tres horas después de iniciarse la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de integración y, tras el Consejo de Administración, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, advirtió de que no podía celebrarse la Junta General Extraordinaria porque no se había efectuado la convocatoria de acuerdo al procedimiento legal establecido, ya que se les trasladó el día 17 de noviembre y no había pasado un mes, y porque este órgano se debe reunir a petición del Consejo de Administración.

Desde la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se advirtió al regidor de que la Junta General se celebraba al estar presente el 100 por 100 del accionariado, que asistió al Consejo de Administración, y de acuerdo al procedimiento que se ha seguido hasta ahora. Además, se recordó que el 6 de octubre ya se trasladó que existían razones para disolver la entidad y se planteó reunir a este órgano en el plazo de dos meses como se ha hecho.

Sin embargo, el alcalde de Valladolid consideró que esto era “bueno” porque se iba a poder analizar los proyectos e intentar llegar a un punto de entendimiento para mantener “vivo” el convenio y, por tanto, la Sociedad. Su argumentación fue rechazada por la secretaria general de Adif, Irene Bonet, que indicó que esto no cambiaba nada, porque el convenio de daba por resuelto y el acuerdo de la Junta General sobre la disolución no era posible al augurar un empate al 50 por ciento entre los socios.

También, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, acusó al regidor de intentar “escapar” de de la Junta General, pero le recordó que tiene “responsabilidades” en esto. “Aquí hay que ser consecuente con los actos que uno hace”, dijo. “Esta es la realidad”, añadió en un cruce de reproches con Carnero antes de que todos se levantaran de la mesa y abandonara la estación de Campo Grande.

Igualmente, desde la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se advirtió de que si no se celebraba la Junta General se dejaba a la entidad sin auditores para este año, 2026 y 2027, lo que iba a generar un “problema en el Registro Mercantil muy gordo”, ya que la propuesta de adjudicación se adoptó en el Consejo de Administración, tras un pequeño debate, pero tenía que ser ratificado el nombramiento de los mismos. Al respecto, Carnero señaló que se convocara de nuevo este órgano e incluso que se reuniera por videoconferencia..

Ariza y paralizar la estación

Previamente, durante la reunión del Consejo de Administración, el secretario de Estado pidió un “gesto" al alcalde de Valladolid y ofreció paralizar la disolución de la Sociedad si aceptaba la ejecución de los pasos de Ariza, que el Ayuntamiento rechaza ejecutar de momento al entender que iban a generar un “caos” circulatorio. Sin embargo, Carnero recogió el guante, pero planteó a Santano que paralizara durante dos años la obra de la estación de trenes, contratada por 215,82 millones de euros, con un plazo de ejecución de 43 meses.

Al respecto, el representante del Ministerio le respondió que no podía hacer ese “daño” a la ciudad de Valladolid, palabras que cuestionó Carnero, ya que Santano argumentó que esta inversión iba a situar a Valladolid como núcleo del noroeste. El regidor señaló que ya lo era y añadió que su posición sobre Ariza no es un “capricho”, sino una cuestión de “sentido común” como vallisoletano que desconoce alguien “de fuera”.

Había sido el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el que había reclamado diálogo al Ministerio, de forma que se suspendiera la disolución y se convocara una reunión informal en Madrid para ver qué proyectos se podían ejecutar de los previstos en el convenio de integración. Sus esfuerzos de mediación, sin embargo, no permitieron llegar a ningún entendimiento entre las partes.

Santo insistió en que el “matrimonio” estaba “roto”, un “dato objetivo”, porque insistió no se cumple el convenio de integración en su totalidad, aunque reconoció que el “bloqueo” por parte de las autoridades locales era algo “legítimo”. Suárez-Quiñones cuestionó la comparación con una pareja, pero señaló que no puede finiquitarse sin una “conversación” entre las partes, al tiempo que Carnero insistió en pedir a los representantes del Ministerio que “recapaciten”.

Finalmente, el voto de calidad del presidente del Consejo de Administración, José Antonio Santano, permitió aprobar el desistimiento del procedimiento contencioso-administrativo que sigue la Sociedad Valladolid Alta Velocidad contra el Ayuntamiento de Valladolid por el impago de la aportación de 2024 de 11,07 millones de euros, a lo que se opusieron el alcalde de la ciudad y el consejero porque insistieron no reconocen la resolución del convenio.