Castilla y León, junto al sector turístico contra el decreto de Sánchez para regular el registro de viajeros

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha participado esta tarde en el Consejo Español de Turismo, presidido por el ministro Jordi Hereu. Allí, Santonja ha planteado la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje. Una normativa que ha encendido al sector turístico que advierte de los graves daños y perjuicios que tendría para sus negocios si entra en vigor esta ley "que ahuyentaría" a los turistas.

Aunque el Ministerio del Interior ha anunciado un aplazamiento, Santona insistía en pedir al ministro Hereu la derogación del texto para su posterior negociación con las asociaciones profesionales, y de esta doma poder determinar con ellas el futuro alcance de la normativa y la posible segmentación de las empresas afectadas.

Será el 3 de diciembre cuando está prevista la entrada en vigor del Real Decreto, que ha levantado en armas al sector turístico por las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas y jurídicas que ejercen actividades de hospedaje así como para la intermediación turística a través de plataforma digital, entre ellas, las agencias de viajes.

"Es un ejemplo inaudito de ''vacatio legis'' en la historia jurídica española", decía el consejero, mientras explicaba que su vigencia se ha ido demorando ante la evidencia de la tremenda carga documental. Y es que al menos son diecisiete los datos que tienen que ser cumplimentados y después mandados a través de una plataforma al Ministerio del Interior, además del trabajo que exige a todo tipo de establecimientos hoteleros y los costes de explotación que se derivan para este tipo de empresas.

Santonja advertía también de que el decreto afecta a todos por igual, ya sea un Hotel de cinco estrellas o un albergue de peregrinos, por lo que alerta de que la normativa puede llevar a muchas empresas al cierre por no poder cumplir con las obligaciones que se requieren o con el coste que conllevan.

Por otro lado, cabe señalar que durante el Consejo, que no se había reunido desde 2022 a pesar de tener carácter anual, se aprobaba una declaración institucional en apoyo al turismo, respaldada por el la Junta, que “defiende que la sostenibilidad del turismo no sólo debe referirse al medio ambiente, sino también a la economía y a la sociedad, y que dentro de ésta juega un papel importante el bienestar de la ciudadanía” ha concluido el consejero.