Castilla y León reduce en el primer trimestre del año el peso de su endeudamiento al 20,3% del PIB

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el primer trimestre del año suponía el 4,1 % del total de las comunidades, contabilizado en 322.211 millones de euros.

A 31 de marzo de 2023, Castilla y León acumulaba 13.272 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 20,3 % de su Producto Interior Bruto y permite conservar la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Navarra, País Vasco, Madrid, Canarias, Asturias, La Rioja y Galicia.

La comparativa interanual revela que Castilla y León disminuyó en los últimos 12 meses el peso de su nivel de endeudamiento en 1,4 puntos porcentuales de PIB y en medio punto porcentual con respecto al cierre de 2022.

En este importe, el supervisor bancario también incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 268 millones de euros, así como el llamado “factoring sin recurso” –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 12,4 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 256 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que al acabar el primer trimestre de 2023, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 26,3 %, con 3.483,4 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera, con 1.965,8 millones de euros, –en concreto, el 14,8 %- correspondiente a préstamos concertados en 2015 y 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.331,2 millones de euros, un 10 % de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 96,3 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,7 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,7 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 0,3 % firmada a corto. El 77,5 % está concertado a tipo de interés fijo y el 22,5 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor.

Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas

Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 2.783 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto al PIB se elevaría al 23,9 %, frente al 20,3 % de Castilla y León.