Castilla y León es la región que más y mejor atiende a sus personas mayores y dependientes

Castilla y León sigue demostrando que es la región de la España autonómica que más y mejor atiende a sus personas mayores y dependientes. Y es que la Comunidad está a la cabeza en cuanto a plazas residenciales, con una media de 7,73 por cada cien personas mayores de 65 años, el 6,15 por ciento públicas y 1,58 por cien privadas, cinco puntos por encima de la media del conjunto del país, superando en más de 17.230 plazas la ratio estándar de cinco plazas por cada cien mayores.

La Comunidad contabiliza así 48.791 plazas en total, si bien cuatro de cada cinco corresponden a financiación pública, con el 79,6 por ciento del total, una ratio que en el conjunto del Estado desciende hasta el 67,9 por ciento, con 270.702, frente a las 127.873 exclusivamente privadas. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Y si se comparan estas cifras con el anterior informe, las plazas con financiación pública han aumentado un 5 % en el territorio castellano y leonés.

Al menos así se desprende del estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha analizado el último informe del Imserso sobre recursos residenciales, según el cual entre 2021 y 2022 aumentaron en 9.541 las plazas para mayores de 65 años, hasta las 198.575, en tanto que la población de ese grupo de edad creció en 380.575 personas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se ha mostrado muy satisfecha por este informe porque Castilla y León sigue liderando la atención en España a las personas mayores "que son el centro de nuestras políticas", afirma.

La consejera, además, destaca que la Comunidad crece cada año en la creación de nuevas plazas y que, además, ocho de cada diez están financiadas con recursos públicos. "Este es el compromiso de Mañueco:trabajar por las personas mayores y dependientes, y por darles los mejores cuidados, ya sea en su casa o en un centro residencial poniendo a su disposición los recursos que sean necesarios", apuntaba Blanco.

El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este liderazgo de la Comunidad, con un mensaje en su perfil personal de la red social "X", antigua Twitter, donde ha puesto en valor que en Castilla y León se atiende a las personas mayores o en situación de dependencia como merecen. "Son, sin duda, una prioridad para el Gobierno regional", asegura el jefe del Ejecutivo, para quien este reconocimiento "nos anima a seguir reforzando nuestras políticas".

Cambio de modelo de atención

El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023, dice el informe, una estrategia nacional conjunta para fomentar el cuidado de las personas mayores y dependientes en su propio hogar y, además, humanizar el sistema de asistencia en residencias, para lo que aún no se han dado pasos decididos, agrega. Sin embargo,

Pero Castilla y León lleva varios años impulsando el modelo de atención centrado en la persona, que alcanza todos los aspectos del sistema de cuidados autonómico.

Lo hace, por un lado, con programas y servicios de ayuda a domicilio, como son ‘A gusto en casa’ o ‘INTecum’, y herramientas tecnológicas como el sistema de Teleasistencia Avanzada, para que personas mayores, dependientes e, incluso, enfermos crónicos y terminales puedan continuar residiendo en sus hogares. Por otro, con la progresiva adaptación del modelo de atención residencial a través de la implantación de unidades de convivencia en residencias titularidad de la Junta o su impulso en otros centros públicos y privados.

En este último aspecto, el Ejecutivo autonómico ha venido adaptando sus propios centros desde hace una década. Es más, desde 2021 y en los siguientes cuatro años se está llevando a cabo una inversión que supera los 110 millones de euros para que las residencias autonómicas adopten este modelo mediante el cual los usuarios viven en espacios equiparables a su propio hogar. Además, la Junta ha convocado una subvención por valor de 15 millones de euros para que los centros públicos y privados se adapten al modelo.

No en vano, la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León, que se está tramitando actualmente, recoge en su articulado la adaptación de todas las instalaciones orientadas al cuidado de las personas mayores al modelo de unidades de convivencia, continuando la senda de la última década y como uno de los pilares del sistema de atención centrado en la persona.

Crear más plazas

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales cree también que son necesarias 85.814 más en toda España para cumplir el estándar de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años. Según sus cálculos, si en 2014 eran necesarias 53.103 plazas para cubrir la ratio del 5 %. Ahora esa cifra se eleva a 85.814, un 4,11 %. Y para cubrir toda la demanda de personas con dependencia severa (grado II) o grandes dependientes (grado III) serían necesarias al menos de 30.000 plazas.

También destaca la necesidad de crear hasta 30.000 plazas para atender a las personas en situación de dependencia severa o grandes dependientes. Si bien, en el caso de Castilla y León, la tasa de cobertura de todas las prestaciones en este ámbito, entre las que se incluyen las plazas residenciales vinculadas financiadas públicamente por la Junta, es casi del 100 %, concretamente, del 99,87 %.

Las únicas autonomías que cumplen la ratio de plazas son Castilla y León, con un superávit de 17.234; Castilla-La Mancha, 7.010; Aragón, 5.043; Extremadura, 3.888; Asturias, 1.274, y La Rioja, 37. Los principales déficit, por contra, siguen siendo los de Andalucía (32.670), Comunidad Valenciana (24.843) y Galicia (13.850).

Un 67,9 % de las plazas son de financiación pública (incluidas las concertadas en privados o las financiadas con la prestación vinculada al servicio), o que implica un ligero aumento respecto a los niveles de 2015 y una ratio de 2,79 por cada 100 mayores de 65 años, una ratio que no se había alcanzado hasta el momento.

También en este caso, las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Por contra, las autonomías con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.