El sindicato Comisiones Obreras en Castilla y León ha presentado un documento de alegaciones contra el Proyecto de Decreto regulador de la tipología de centros, personal profesional, planes de contingencia y garantía de suministro eléctrico en centros de servicios sociales para cuidados de larga duración en la comunidad.

CCOO alega que dicho proyecto no se ajusta a la legalidad, y, además, advierte de que "pone en riesgo” la calidad asistencial de personas mayores y con discapacidad.

A través de un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, el sindicato denuncia que el texto no cumple con varios preceptos “esenciales” de la Ley 3/2024, de 12 de abril, especialmente el artículo 2, al “no asegurar una dotación suficiente y cualificada” de profesionales.

En este sentido, señalan que las ratios de personal propuestas resultan “restrictivas” y no están basadas en acuerdos del Consejo Territorial, lo que “compromete” la calidad del servicio a las personas dependientes, tanto mayores como con discapacidad, apuntaron.

El sindicato, además, critica la "insuficiencia" de las ratios, que no contemplan el grado de dependencia de los usuarios así como la tendencia creciente a la privatización y externalización que “fomenta la precariedad laboral”, además de la “falta de un plan urgente de formación para profesionales titulados”.

Además, alerta sobre el riesgo que supone dejar la atención directa a una sola persona por cada 50 usuarios durante la noche, lo que podría ser “inoperativo en situaciones de emergencia”.

Correción inclusiva del lenguaje

Por todo ello, CCOO demanda un aumento en la plantilla de inspectores para garantizar la “supervisión efectiva” de centros públicos y privados, así como la “corrección del lenguaje no inclusivo” que emplea el decreto, que en su opinión solo recoge cargos en género masculino.

CCOO considera que la “falta de claridad y seguridad” en el texto podría derivar en su “impugnación” si se aprueba tal cual, y exige la apertura de un “diálogo real” con los agentes sociales para revisar el contenido del decreto y asegurar una “atención digna, profesional y de calidad” para las personas mayores y en situación de dependencia y discapacidad en Castilla y León.