Las Cortes respaldan el techo de gasto de Mañueco que se establece en 14.183 millones de euros

Las Cortes de Castilla y León han dado luz verde al límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, el cuarto en esta legislatura, gracias a los votos del PP y la abstención del PSOE, anunciada el pasado lunes por los socialistas, que sirve de referencia para la tramitación y aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo ejercicio, una vez se tramiten y se debatan en el Parlamento autonómico, después de que la Mesa de las Cortes decidiera ayer devolver el proyecto presupuestario de la Junta por no contemplar dicho techo de gatso ni las partidas correspondientes de la sección 20 que afectan al Parlamento regional y las instituciones propias (Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y Consejo Económico y Social (CES).

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendía este techo de gasto en la Cámara, que asciende a 14.183,22 millones de euros, un 5,14 por ciento más que el de 2025, una cifra de 692 millones superior a la aprobada por estas Cortes para 2025 y que es "de récord" por cuanto es la más alta de la historia de Castilla y León.

Un límite de gasto no financiero que según Carriedo se apoya en un escenario macroeconómico "realista" avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que actualiza al alza la previsión de crecimiento de 2025, hasta el 2,8 por ciento y se sustenta en un crecimiento económico sostenido, del 2,2 por ciento, tras el importante crecimiento del año actual. Un crecimiento que afectará al mercado de trabajo en el que la Junta prevé una nueva bajada de la tasa de paro, que podría llegar hasta el 8 por ciento de la población activa, muy por debajo de la media española, además de un aumento del empleo en un 1,8 por ciento.

Asimismo, el también porrtavoz de la Junta ponía en valor que el techo de gasto recoja una tasa de referencia del déficit del 0,1 por ciento del PIB regional, 82,89 millones, la última aprobada por el Gobierno de España hace más de un año, o que estime que el dato de la deuda en relación al PIB, el 18,5 por ciento, seguirá claramente por debajo de la media de las autonomías.

Fernández Carriedo destacaba también que incluya un incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación, y eso a pesar del actual contexto de mayores ingresos por la alta inflación que siguen siendo "insuficientes" para sufragar los gastos derivados de las competencias básicas que gestiona la Junta.

Finalmente, el consejero aseguraba que con este techo de gasto se prevé acabar el año 2026 reduciendo la ratio Deuda/PIB a una tasa inferior al 18,5 por ciento.

Inacción del Gobierno de España

El consejero aprovechaba su intervención en al atril del hemiciclo para echar en cara al Gobierno de España que aún no haya fijado dicho objetivo de estabilidad para el año próximo. "Ni siquiera ha convocado todavía a estos efectos el correspondiente Consejo de Política Fiscal y Financiera", advertía el también portavoz de la Junta, quien ante la no presentación de los objetivos de estabilidad y de deuda, hay que añadir la "inacción" del Gobierno respecto a la falta de concreción de las medidas de ajuste para cumplir con el Plan remitido a Bruselas, o el desconocimiento del calendario de recepción de las entregas a cuenta en 2026.

"No es lo mismo recibir esos recursos desde el 1 de enero que hacerlo desde mitad de año, tal y como ha sucedido en este año 2025", apuntaba.

En cualquier caso, el consejero advertía de lo complicado del escenario actual, con una previsión de impacto en las expectativas de crecimiento económico debido a lo convulso del panorama internacional condicionado, por un lado, por el efecto de las medidas de política arancelaria impulsadas por Estados Unidos, que se podrían traducir en menores crecimientos de la demanda externa; y por otro, por los actuales riesgos de las tensiones geopolíticas, la inestabilidad financiera y la incertidumbre derivada de la evolución futura de las políticas económicas.

Además, Fernández Carriedo añade la complejidad del contexto económico nacional con la problemática de la vivienda y la inestabilidad política.

Por otro lado, recordaba las alegaciones presentadas por la Junta al Anteproyecto de Ley Orgánica de condonación de la deuda autonómica, por cuanto se trata en realidad de aumentar el endeudamiento del conjunto de los españoles. "Una Ley redactada a medida de los partidos separatistas, y cuyo único objetivo real es dar cumplimiento a un pacto de investidura a costa del interés general de España", afirmaba el consejero, quien advertía de que Castilla y León no necesita que cada persona deba 523 euros más, originados como pago de un precio político por una investidura.

"Lo que necesitamos -decía- y que tendría reflejo en el límite de gasto no financiero es que de una vez por todas se acometa la reforma del modelo de financiaciónautonómica, cuya vigencia finalizó en 2014 y que esta atienda a los principios de solidaridad y suficiencia de recursos, en un marco de igualdad y multilateralidad".

Fernández Carriedo señalaba que el problema no es el nivel de endeudamiento, sino la insuficiencia de los recursos transferidos por el Estado a través de un sistema de financiación aprobado en 2009, "que no garantiza la dotación de fondos precisa para la prestación de servicios públicos en la comunidad", cuyas necesidades de gasto actuales nada tienen que ver con las de hace 16 años.

Una ficción contable

Durante el debate parlamentario, los grupos de la oposición se centraron más en hablar del rechazo de la Mesa de las Cortes al proyecto presupuestario de la Junta así como en acusar al Gobierno de Mañueco de usar el Parlamento "como una oficina particular" y de "atacar" la autonomía parlamentaria, como denunciaba Carlos Menéndez, procurador de Vox.

Si bien, respecto al techo de gasto, el dirigente conservador advertía de que se apoya en partidas que no representan lasprioridades de los castellanos y leoneses y que incluye "gastos ideológicos" que sobran, entre los que citaba los 52,5 millones de euros para políticas de inmigración, cinco más que en el anterior techo de gasto.

Menéndez señalaba que si este dinero se destinará a ayudar a los más de 183.000 autónomos de Castilla y León, en lugar de pagar 600 euros de cuota tendrían que abonar la mitad. "El PP defiende la política de Sánchez de asentamiento de inmigrantes", afirmaba el parlamentario, para quien este límite de gasto no financiero presentado por la Junta es una "ficción contable" propia de un Gobierno "ineficaz".

"Es un techo de gasto de récord, sí, pero de manipulación e irresponsabilidad política por parte de un Gobierno como el de Mañueco que ha empezado una chapucera carrera electoral", finalizaba Menéndez.

Desde el PSOE, José Francisco Martín, también echaba en cara al PP y la Junta la ilegalidad de sua actuación con el proyecto presupuestario y que hayn querido imponer un presupuesto que no estaba aprobado.

Y respecto al techo de gasto, el socialista aseguraba que parte de un escenario macroeconómico en el que Castilla y León crece igual que el resto de España "que es algo que no ha sucedido nunca".

Ronda de contactos

Una vez aprobado el techo de gasto para 202 e iniciada la tramitación parlamentaria del proyecto presupuestario, con la posterior explicación de las cuentas por parte de los consejeros, la Junta comenzará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de lograr el apoyo que permita su aprobación antes del 31 de diciembre. Unas cuentas que alcanzan los 15.715 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la comunidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apeló al diálogo y al compromiso real de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante estos presupuestos, pensando en el interés general de las personas de la Comunidad.

Como explicó Fernández Mañueco, son unas cuentas expansivas y realistas, que tienen como objetivo proteger a las personas, consolidar la excelencia de los servicios públicos y potenciar el crecimiento económico de la Comunidad. Todo ello, a través de una inversión eficiente e innovadora como impulso a la competitividad, y con una especial atención al desarrollo rural como motor de igualdad y cohesión social y territorial.