CSIF reclama la modernización de los servicios y actualización “urgente” de las RPT de la Junta en las nueve provincias

Un centenar de delegados de CSIF reclamaron hoy en Burgos la “urgente” actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración de la Junta de Castilla y León, en las nueve provincias. Exigieron que se aborde cuanto antes el adecuado desarrollo de la carrera profesional de todos los trabajadores de la Comunidad, e instaron a la aprobación de una nueva Ley de Función Pública autonómica “moderna”, porque la actual -de 2007- ha quedado “obsoleta y anticuada”.

Estos son algunos de los asuntos que los representantes sindicales de CSIF en la Administración General de la Junta de Castilla y León (AGCyL) van a valorar y analizar los días 27 y 28, en unas jornadas que se celebran en la capital burgalesa, con la presencia de la coordinadora nacional del sector de las administraciones autonómicas, Elena Moral.

Ante esta batería de reivindicaciones, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, señaló que “urge negociar con la Junta”. “Hemos solicitado de manera formal una reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, sin obtener respuesta hasta este momento”, lamentó Castro, para quien “no es lógico que el último encuentro entre el presidente de la Junta y la primera fuerza sindical en la Función Pública en Castilla y León se produjera hace ya más de un año”.

En ese futuro encuentro, Castro le trasladará un mensaje “claro y contundente”. “Insistiré en la urgencia de diseñar una oferta de empleo público suficiente, donde se elimine la tradicional tasa de reposición, se cubran todas las jubilaciones y se refuercen aquellos destinos que han sufrido grandes recortes de personal en los últimos años; y que se aborde con seriedad el grave problema que supone en algunos sectores que casi el 50 por ciento de sus empleados públicos se jubilen en menos de diez años. Estamos hablando de más de 46.000 jubilaciones en total sólo en la administración autonómica, más de 15.000 en los sanitarios y más de 14.000 entre los docentes”, explicó.

10 años decisivos para los empleados públicos de la Junta

El presidente del sector de AGCyL, Mariano Prieto, aseguró que “estos próximos diez años van a ser decisivos para los empleados de la Junta, porque la modernización de las numerosas áreas de la administración autonómica será una tarea clave, en ámbitos como servicios sociales, economía e industria, agricultura y ganadería, medio ambiente, cultura, consumo y tantos otros, que requieren, “imprescindiblemente, una gestión más eficaz y unos recursos humanos suficientes y mejor pagados”.

Prieto señaló que la Junta debe apostar “por unos servicios públicos, menos externalizados y menos privatizados”, señalando -por ejemplo- a los servicios sociales y las dotaciones contra los incendios forestales. Asimismo, trasladó su “especial preocupación” por las consecuencias “del injusto y decepcionante” convenio aprobado recientemente para los 16.000 trabajadores laborales de la Junta, que “CSIF no firmamos porque es insuficiente y perjudica a una parte significativa de ellos. Tenemos claro que no los vamos a dejar abandonados, como han hecho otras organizaciones que sí han firmado”.

Para el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, aunque el sindicato “ha conseguido logros como la recuperación de los fondos adicionales y las 35 horas semanales, así como la aplicación de la carrera profesional para todos los trabajadores de la Junta, son insuficientes”.

También, Mariano Prieto aludió a sentencias importantes que ha conseguido CSIF, como el reconocimiento de la antigüedad para los laborales fijos-discontinuos y otros derechos en el marco de las negociaciones de las RPTs. “Pero tenemos que seguir trabajando y avanzando con el apoyo de los empleados de la Junta”, insistió el responsable de AGCyL.

La cobertura de las 2.400 plazas periféricas en la Administración General de la Junta, que CSIF contabiliza en 200 municipios, es otra prioridad para este sindicato independiente. Por ello, presentó una propuesta “concreta y bien definida” al Gobierno autonómico. Esas plazas no se cubren en diversas comarcas rurales dispersas y aisladas de la Comunidad, por falta de unos alicientes e incentivos que la Junta no quiere ofrecer. En la provincia de Burgos, esos puestos llamados periféricos son unos 400, de un total de 2.500 de la Administración General de la Junta (entre funcionarios y laborales).

Según las estimaciones de CSIF, en la provincia de Burgos hacen falta entre 150 y 200 empleados más en los servicios dependientes de la Administración General de la Junta, principalmente en centros de servicios sociales, el operativo anti-incendios y personal de apoyo en la Dirección Provincial de Educación.

En toda la Comunidad harían falta unos 2.000 trabajadores más en las áreas dependientes de la Administración General autonómica, debido al cuello de botella que han generado los procesos pendientes de estabilización y de ofertas de empleo, que impiden la sustitución de los puestos que quedan vacíos, entre ellos, los de las jubilaciones.

A nivel nacional, la coordinadora del sector, Elena Moral, destacó tres asuntos pendientes, que han quedado parados con la disolución de las Cortes. Son la Ley Básica de Agentes Forestales, el Estatuto Básico del Bombero Forestal, o la necesidad de llevar a cabo una promoción interna por concurso para funcionarios y laborales fijos. “Lo pondremos encima de la mesa en cuanto haya un nuevo Gobierno”, subrayó.