La Junta de Castilla y León alerta sobre la inseguridad jurídica e ineficacia de la prórroga del Plan MOVES III

La Junta de Castilla y León, junto con otras once comunidades autónomas – Aragón, Andalucía, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la Región de Murcia- han remitido una carta al Gobierno central, firmada por los directores de Energía, trasladando su preocupación por un esquema que, lejos de optimizar la gestión de las ayudas, perpetúa las deficiencias anteriores e introduce nuevos obstáculos ante el nuevo modelo de ayudas a la movilidad eléctrica anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El nuevo planteamiento del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025 no presenta mejoras significativas: se mantiene una tramitación excesivamente compleja, siguen sin contemplarse ayudas directas en el punto de venta y no se aprecian avances en la gestión administrativa. Esta situación se traduce en una mayor carga burocrática para los gobiernos autonómicos que pone en serio riesgo la eficacia y el alcance real del programa en la consecución de los objetivos de la transición energética.

Asimismo, a pesar de presentarse como una continuidad del Plan MOVES III, el nuevo modelo obliga a iniciar el proceso desde cero mediante una nueva orden de convocatoria en cada territorio. Esta exigencia implica una mayor carga administrativa, inevitablemente generará más retrasos y no incorpora avances significativos largamente demandados, como la implementación de un sistema de ayudas directas en el punto de venta, una solicitud compartida tanto por las administraciones autonómicas como por los actores del sector.

Además, las comunidades autónomas advierten de que el planteamiento actual no resuelve las incertidumbres jurídicas y técnicas que ya se habían detectado en el anterior programa, consolidando así un esquema de ayudas que consideran ineficaz. En este contexto, insisten en la urgente necesidad de una aclaración y una definición formal por parte del Ministerio sobre aspectos clave del programa que son fundamentales para su correcta aplicación en los territorios.

Propuestas claras y efectivas

Las comunidades autónomas llevan tiempo trasladando al Gobierno central propuestas concretas, técnicamente sólidas y con un amplio respaldo tanto del sector como de instituciones europeas, que están orientadas a lograr una distribución de las ayudas que sea más eficaz, ágil y directa. Entre las medidas propuestas destacan:

-Descuentos inmediatos en el punto de venta para vehículos eléctricos y puntos de recarga.

-Incentivos fiscales, como la deducción total del IVA para empresas que electrifiquen sus flotas.

-Simplificación de trámites administrativos, conforme a los estándares de la Comisión Europea, basada en procedimientos “más simples, rápidos y ligeros”.

A pesar de la reiteración de estas propuestas, las comunidades autónomas lamentan la falta de una respuesta institucional clara y firme por parte del Ministerio. Persisten dudas clave que dificultan enormemente la aplicación del programa, como el reparto de fondos entre territorios, el régimen transitorio entre las convocatorias del MOVES III y la nueva línea, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del plan.

La falta de resolución de estas cuestiones planteadas por las comunidades autónomas imposibilita el lanzamiento de la convocatoria y, por lo tanto, asegurar la concesión, el pago y la llegada efectiva de las subvenciones a los ciudadanos y empresas de Castilla y León y del resto de las comunidades firmantes.

A pesar de la falta de definición a nivel estatal, la Junta de Castilla y León ha reiterado su compromiso firme con la transición energética y la electrificación del transporte.

Asimismo, las comunidades han manifestado su total disposición a colaborar estrechamente con el Ministerio y con el IDAE para alcanzar un modelo de ayudas que sea realmente realista, coordinado y eficaz, y que permita que los fondos lleguen de forma ágil a los ciudadanos y empresas. Las autonomías se declaran abiertas a trabajar de forma conjunta para concretar técnicamente el programa y solventar los elementos pendientes que actualmente impiden su correcta aplicación en los territorios.