La odisea de buscar piso en la ciudad más cara de Castilla y León

Buscar vivienda en alquiler hoy en día se ha convertido en un reto que, en ocasiones, desgasta a quienes lo afrontan. En el caso de Salamanca, la ciudad universitaria ofrece una demanda constante, pero la oferta es reducida, y los precios, lejos de estabilizarse, mantienen una senda ascendente que empuja a muchas familias a destinar buena parte de sus ingresos a pagar el techo bajo el que viven.

En este contexto, las ayudas al alquiler que concede la Junta de Castilla y León se han consolidado como un apoyo real para miles de hogares. Salamanca es una de las provincias más beneficiadas: más de 3.300 familias han recibido este año subvenciones que les permiten respirar un poco en medio de un mercado marcado por la escasez y el encarecimiento.

Daniel: diez años viendo crecer los precios

Los testimonios de inquilinos dibujan una realidad compleja. Daniel, de 30 años, trabaja como fotógrafo y repartidor. En sus diez años de alquiler ha vivido la evolución de los precios y la dificultad creciente de encontrar un piso: “Cuando empecé, compartía vivienda con tres compañerosy pagaba unos 170 euros. Más tarde vivimos en la Gran Vía y el piso completo eran 600. Ahora pago 560, pero en una zona mucho más alejada del centro”, cuenta.

El problema, asegura, no es solo el precio, sino la calidad de lo que se ofrece: “Algunos pisos están bien, con muebles y electrodomésticos nuevos. Pero en otros no quieren cambiar nada, ni camas ni frigoríficos de hace 20 años, y aun así te cobran lo que vale por la zona”.

En su experiencia, alquilar en Salamanca es una carrera de obstáculos: “Es una ciudad universitaria y eso lo complica todo. Algunos caseros solo quieren estudiantes, otros no aceptan estudiantes bajo ningún concepto, y también hay quien descarta a personas con mascotas. Encontrar algo decente y a un precio razonable es muy difícil”, lamenta.

Daniel ha solicitado dos veces las ayudas de la Junta y en ambas ocasiones se le han concedido, lo que le ha permitido aliviar los gastos: “Son útiles, ayudan a pagar, pero creo que no bastan para frenar el problema de fondo. Los precios siguen subiendo y la gente se adapta porque no tiene alternativa”, reflexiona.

El esfuerzo institucional: 49 millones en ayudas

La convocatoria de 2024 de la Junta de Castilla y León se enmarca en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. En total, la Comunidad ha destinado 48,9 millones de euros, de los que el 69,5 por ciento proceden de la Junta y el 30,5 por ciento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La Administración autonómica incrementó en 29 millones el presupuesto inicial para garantizar que todos los solicitantes que cumplían con los requisitos recibieran apoyo. Por cuarto año consecutivo no hubo lista de espera, lo que convierte a Castilla y León en una de las pocas comunidades en atender al cien por cien de los expedientes válidos.

El sistema fija la ayuda en un 50 por ciento de la renta con carácter general, porcentaje que asciende al 60 en el caso de jóvenes menores de 36 años y hasta el 75 para quienes viven en municipios rurales o afrontan una situación de vulnerabilidad sobrevenida. Los límites de renta oscilan entre 450 euros en el medio rural y 550 en capitales como Salamanca, Burgos o Valladolid, con excepciones de hasta 800 euros para familias numerosas o personas con discapacidad.

En la convocatoria de 2024 se presentaron 31.362 solicitudes, un 15 por ciento más que el año anterior. De ellas, 21.006 resultaron beneficiarias y 8.121 fueron denegadas por no cumplir los requisitos: desde no acreditar el empadronamiento hasta superar los ingresos máximos o tener rentas por encima de los límites.

Salamanca, tercera provincia con más beneficiarios

En Salamanca, los resultados reflejan la magnitud del esfuerzo: 3.305 expedientes aprobados, lo que supone un 15,7 por ciento del total regional. La cuantía global supera los ocho millones de euros, situando a la provincia como la tercera de Castilla y León con más ayudas concedidas.

El perfil de los beneficiarios muestra la diversidad de situaciones: un 62 por ciento son mujeres, cuatro de cada diez jóvenes menores de 36 años y 319 mayores de 65. Entre los perceptores figuran además 256 familias numerosas y 539 unidades de convivencia con personas con discapacidad.

El delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, destaca que estas cifras: “confirman el compromiso con una política de vivienda integral que impulsa la emancipación de los jóvenes, facilita la vida a las familias y protege a los mayores, al mismo tiempo que aporta seguridad al mercado inmobiliario”.

María: “Ahora sería imposible encontrar algo así”

María Hernández, que vive en Salamanca con su pareja, forma parte de los beneficiarios de ayudas. Paga 600 euros por un piso reformado de dos habitaciones: “Hemos tenido suerte porque el piso está en buenas condiciones y el precio es coherente, pero ahora mismo sería muy difícil encontrar algo así. De vez en cuando miro por curiosidad y los precios han subido, incluso en barrios que no están en el centro”, explica.

La subida la percibe con claridad respecto a épocas anteriores: “En 2017 o 2019, una habitación en piso compartido costaba 70 u 80 euros menos que seis años después. Los precios no han parado de crecer”, recuerda. Y aunque no quiere calificar la situación como abusiva, sí reconoce que “un piso normal de dos habitaciones ya roza los 900 euros, algo difícil de asumir con un sueldo medio”.

María recibió el bono joven estatal, que durante dos años concedía hasta 250 euros mensuales: “Me lo aprobaron a mí, no a mi pareja. Fue un trámite relativamente sencillo, aunque había que entregar documentación cada trimestre. Fue una ayuda importante, pero las de la Junta no podemos solicitarlas porque nuestro alquiler está por encima del límite de 550 euros. Creo que deberían actualizar esos topes, porque es difícil encontrar viviendas por debajo de esa cantidad”, afirma.

Andrea: veinte años de alquileres y una conclusión clara

El contraste generacional lo aporta Andrea Gómez, de 41 años, que ha vivido en alquiler en distintas etapas y acaba de volver a comprar una vivienda. Se independizó con 21 años en el barrio de Los Alcaldes, donde estrenó un piso nuevo con un alquiler asequible. Posteriormente adquirió un chalé, lo alquiló y lo vendió, para regresar después al arrendamiento: “En veinte años todo ha subido una exageración, menos los sueldos. Antes ya había pisos en malas condiciones, pero ahora la demanda es mayor, la oferta más baja y los precios mucho más altos”, resume.

En su caso, la compra ha sido posible gracias al ahorro y a la venta de su anterior vivienda, pero admite que no todos tienen esa opción: “Se suele decir que mejor pagar hipoteca que alquiler, pero no todo el mundo puede acceder a un crédito. Para una persona sola es casi imposible. Yo he tenido la suerte de poder hacerlo, pero no es lo común”, reconoce.

Andrea recuerda que en su primer alquiler sí recibió ayudas: “que cubrían hasta el 50 por ciento”, pero en la actualidad considera que su perfil queda fuera de las convocatorias. “A partir de cierta edad y sin hijos, aunque tengas un sueldo modesto, es complicado acceder a apoyos. Hay muchas ayudas para jóvenes o familias, pero personas solas con ingresos ajustados se quedan en tierra de nadie”, lamenta.

Ayudas que alivian, pero no resuelven

El esfuerzo institucional es evidente: en 2024 se han concedido más ayudas que nunca, con más presupuesto y un sistema que garantiza que nadie que cumpla requisitos quede fuera. Los beneficiarios reconocen que el apoyo de la Junta supone un alivio, y en provincias como Salamanca, con más de 3.300 familias atendidas, el impacto es indudable.

Sin embargo, el mercado privado sigue tensionado y marca la diferencia. La combinación de alta demanda, oferta limitada y precios crecientes condiciona la vida de quienes buscan piso. Salamanca, como otras ciudades universitarias, concentra estas dificultades.

Daniel lo resume desde su experiencia: “Las ayudas son necesarias, porque sin ellas sería todavía más complicado, pero al final el mercado manda y los precios no paran de subir”. María coincide en que suponen: “un incentivo para poder independizarse”, aunque cree que: “deberían adaptarse mejor a la realidad del mercado”. Y Andrea concluye con una visión a largo plazo: “Lo que ha cambiado es que todo cuesta más, menos los sueldos. Y mientras eso no se equilibre, mucha gente seguirá sin poder acceder a una vivienda digna”.

El futuro del alquiler en Salamanca

Con más de 21.000 beneficiarios en toda Castilla y León y más de 3.300 en Salamanca, las ayudas al alquiler se consolidan como una herramienta esencial para miles de familias. Representan un apoyo que permite llegar a fin de mes en un mercado cada vez más caro. Pero la dificultad de encontrar pisos asequibles y en condiciones sigue marcando la vida de muchos salmantinos.

El refuerzo institucional ha servido para ampliar la cobertura y garantizar que nadie se quede atrás, pero el reto de fondo sigue siendo el mismo: cómo frenar la escalada de precios y ampliar la oferta de vivienda. Hasta entonces, para quienes viven de alquiler en Salamanca, la lucha continuará siendo una parte más de su día a día.