El PSOE demanda una política de vivienda “agresiva” y “ambiciosa” que ayude a fijar población.

El pasado 26 de diciembre la Junta publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la actualización de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler en Castilla y León, que han aumentado, tanto de promoción pública como privada.

Este hecho ha cabreado al PSOE, que este martes ha convocado una rueda de prensa para denunciar esta situación y pedir a la Junta que “recapacite” y dé marcha atrás. En este sentido, los socialistas ponen como ejemplo que una vivienda de 70 metros cuadrados por la que se pagaban 400 euros al mes ahora se encarece en 158 euros más en los nuevos contratos.

El portavoz del Grupo Socialista de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, José Luis Vázquez, recordaba que el Gobierno regional ya revisó al alza estos precios en noviembre de 2022 y advertía de que en el caso de los jóvenes la actual subida pasa del 25 al 30 y del 37 al 39 en el medio rural "cuando en España opera el límite del dos por ciento para los nuevos contratos adoptado por el Gobierno de España ante el aumento de la inflación", decía Vázquez.

"La Junta está perjudicando de forma sangrante a los jóvenes y al medio rural con sus políticas inexistentes en materia de vivienda", denunciaba el procurador socialista, en declaraciones recogidas por Ical, al tiempo que aseguraba que, en su opinión, esta subida sólo pretende dar respuesta a las "exigencias" de la promoción privada que consideran "menos atractivas" las viviendas de alquiler social si no se encarecen. Por ello, explicaba que en el caso de las nuevas edificaciones colaborativas se asignan los coeficientes del joven, la de precio limitado para familias y la rural.

Igualmente, Vázquez acusaba a la Junta de ocultar la procedencia de los fondos con los que financia sus políticas de vivienda y criticaba que las medidas “carentes de rigor” como la “seudoficinas” contra la ocupación que señaló no han recibido ninguna queja y que replicó no tienen coste para la Comunidad porque se han desmantelado las oficinas de vivienda de las delegaciones territoriales, como a su juicio han comprobado las 25.000 personas que tuvieron que esperar un año por las ayudas al alquiler.

“Siempre es el marketing, la promoción y lo inútil”, decía, mientras reclamaba a la Junta que apueste por una política de vivienda “agresiva” y “ambiciosa” que ayude a fijar población.