Una trabajadora "pacta" un despido para acceder al paro: ahora tendrá que devolverlo y pagar una multa de 7.000 euros

Una empresa leonesa y una empleada de 62 años urdieron un despido disciplinario simulado para que la mujer pudiera cobrar el subsidio por desempleo hasta alcanzar la edad mínima de jubilación.

El plan se fraguó hace dos años: la trabajadora fue cesada apenas un mes después de reincorporarse de una baja médica y sin reclamar la improcedencia, circunstancias que activaron las alarmas de la Inspección de Trabajo y que acabaron en sanción económica y devolución de lo cobrado al SEPE.

El Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada ha impuesto una multa de 7.501 euros a la trabajadora y ha ordenado la devolución íntegra de las prestaciones indebidamente percibidas. La investigación concluyó que el objetivo era enlazar el paro hasta los 65 años (o 66 años y ocho meses si no se alcanzaban 38 años y tres meses cotizados), un esquema que la ley califica como fraude al exigir hechos reales y verificables para acceder a las ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Indicios que delataron la simulación

La Inspección detectó un patrón ya conocido: cese disciplinario próximo a la jubilación sin impugnación por parte de la afectada. A eso se sumó la cercanía temporal entre la baja médica y el despido, lo que elevó el expediente al juzgado. El tribunal concluyó que existían indicios concordantes de simulación y priorizó la protección de los fondos públicos, imponiendo sanción económica y obligando al SEPE a recuperar lo abonado.

Este no es un caso aislado: hace semanas otra trabajadora devolvió 9.500 euros tras cobrar prestaciones durante 14 meses por un despido pactado. El artículo 307 del Código Penal establece que quien obtenga ayudas por simulación puede enfrentarse a entre seis meses y tres años de prisión si la cuantía no supera los 50.000 euros; si la cifra es mayor, la pena oscila entre 2 y 6 años, además de una multa e inhabilitación para percibir subvenciones o ayudas públicas.

La advertencia es clara: el coste del fraude supera con creces cualquier beneficio temporal y cada caso detectado actúa como escarmiento para quienes pretendan usar atajos. La sentencia de Ponferrada se suma a la lista de resoluciones que refuerzan la vigilancia sobre despidos ficticios y protegen la solvencia del sistema de protección social.