El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) considera ilegal la decisión adoptada en 2023 por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, en ese momento en manos de Vox y del consejero Mariano Veganzones, de recortar a la mitad las subvenciones que recibían los sindicatos en la comunidad por su participación institucional.

De etsa forma, la sentencia emitida en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la región estima un recurso presentado por CCOO y se reconoce su derecho a recibir una subvención de algo más de 1,2 millones.

El TSJCyL recuerda que en este caso la exigencia de que las leyes de presupuestos recojan una subvención nominativa aparece en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional, artículo que lleva la rúbrica fomento y financiación.

Además, el tribunal asume que nada se indica sobre el importe de la mencionada subvención, por lo que no existe un derecho a percibir una importe concreto, ahora bien, recalca que “estas subvenciones nominativas se han concedido a la entidad recurrente en los ejercicios 2019 a 2022 en correlación a lo previsto en las correspondientes leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma para la participación institucional siendo el importe concedido en cada anualidad de 1.237.702 euros, de manera que, en cierta medida, se ha generado una expectativa económica a recibir esa cantidad por parte del sindicato recurrente”.

En este contexto, el Alto Tribunal expone que ningún impedimento normativo "hubiera impedido a la Administración demandada modificar ese importe, pero habría sido necesario motivar o exponer las razones que justifican la necesidad de proceder a este cambio”.

“Teniendo en cuenta que en este caso no consta ninguna razón o justificación que abogue por reducir o por limitar el montante económico, procede reconocer el importe reclamado, más la actualización anual correspondiente conforme al IPC, que coincide con el que se venía reconociendo en años anteriores”.

Desde CCOO, el secretario general en Castilla y León, Vicente Andrés, ha asegurado que la sentencia establece con claridad la “legitimidad y la representatividad de los sindicatos” acorde con la Constitución y con leyes como la del Diálogo Social y, con ello, la financiación que corresponde a las organizaciones sindicales.

Además, afirma que la sentencia es una gran noticia para el sindicato, dado que se restituye la legalidad y rechaza las actuaciones “unilaterales” e “ilegales” tomadas por la Consejería de Comercio, Industria y Empleo cuando estaba en manos de Vox, pero también para la sociedad y las instituciones de Castilla y León. En este sentido, explicó que aunque Vox dejó fuera de los presupuestos de la Junta de 2023 las partidas de representatividad de los sindicatos, la sentencia deja claro que se trata de un derecho que no hace falta que esté presupuestado.

“Se trata de un revés para las ilegalidades y las políticas de extrema derecha”, señala Andrés, para quien el de hoy es un mal día para Vox "dado que PP y PSOE ya han anunciado su rechazo a un proposición del partido de Santiago Abascal para modificar la Ley del Diálogo Social".

Con esta sentencia el sindicato ve restituida “parte de la normalidad democrática” que se perdió cuando gobernaba Vox. “No estábamos ante una cuestión de izquierdas o derechas, era algo más, era una cuestión de democracia”, asegura, en declaraciones recogidas por Ical, al tiempo que reclama Mariano Veganzones, y al exvicepresidente, Juan García-Gallardo, que paguen las costas impuestas a la Junta.

Por último, Andrés afirma que CCOO tiene derecho a estas ayudas por las “obligaciones” que la Constitución establece para las organizaciones sindicales.

Debate en las Cortes

Durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Vox para cambiar la representación del Consejo del Diálogo Social, que no prosperó, el viceportavoz de Vox Carlos Menéndez instó a la Junta a presentar un recurso de casación.

Menéndez afirmó que la sentencia señala “errores de forma” de la Consejería pero no cuestiona que la subvención pueda ser menor, durante una intervención en la que tanto la ‘popular’ como el resto de oradores de los grupos de la oposición advirtieron de que hoy “no es un buen día” para el planteamiento de Vox a tenor de la condena por el alto tribunal.

La popular Paloma Vallejo aseguraba que la sentencia se debe a “la nefasta política” de Vox en la Consejería que dirigió Mariano Veganzones, sin entrar en más detalles, mientras que la socialista Alicia Palomo la vio como “un triunfo” de los sindicatos y de quienes defienden la representación en el Diálogo Social.

Palomo consideró que también se da la razón a quienes, como su grupo, vieron “ilegales” los presupuestos en los que se recogían los recortes la representación del Diálogo Social, recogido por ley. “Hoy deben dimitir los consejeros afectados, unos por acción y otros por omisión, además del presidente de la Junta como máximo responsable”, enfatizó, para pedir que no se recurra la sentencia y abonen las costas de sus bolsillos.

A la critica de que “no es un buen día”, ante el contenido de la sentencia, se unieron Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Luis Mariano Santos (UPL-Soria Ya).