Corrupción política
Tudanca, sobre el nuevo caso de corrupción que salpica al Gobierno de Sánchez: "Quien se lucró de forma fraudulenta en pandemia no merece ni pizca de piedad"
El secretario regional del PSOE asegura que debe caer el peso de la Ley "sea quien sea y donde sea"
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha referido este jueves al nuevo caso de corrupción política llevado a cabo en plena pandemia del coronavirus y que salpica al Gobierno de España y al PSOE, en concreto a los Ministerios de Transportes en la época de José Luis Ábalos, Interior, con Marlaska, y Sanidad, con Salvador Illa, además de las regiones gobernadas entonces por el PSOE, Canarias y Baleares, por comisiones en la compra de mascarillas.
Y lo ha hecho de forma contundente, aunque refiriéndose al ex asesor y amigo del ahora diputado y aforado ex ministro valenciano, Koldo García: "Quien se lucró de forma fraudulenta en lo peor de la pandemia no merece ni pizca de piedad", afirma.
Tudanca ha asegurado en su perfil personal de la red social "X" que "debe caer todo el peso de la ley sobre ellos, "sea quien sea y de donde sea", ha añadido.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el incremento de la cifra de negocio de Soluciones de Gestión, la empresa fantasma epicentro de la operación, está relacionada directamente con la venta de material sanitario en tres contratos que, por la situación de emergencia, se saltaron algunos de los controles habituales, un procedimiento abreviado sin publicidad que en ese momento fue avalado por el estado de alarma.
Dos de ellos se firmaron con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que en ese momento lideraba José Luis Ábalos. Y el tercero se celebró con el Ministerio del Interior. Tal como detalla el escrito, en solo siete días la empresa había sido adjudicataria de dos contratos por valor de 36 millones de euros, al que se sumaría el de Interio, que tenía por objeto proveer de material sanitario de protección ante la pandemia al personal de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. En este caso, lo adjudicó la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial de dicha cartera. El importe de este fue de 3,5 millones de euros.
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