A pesar de los mayores controles y de los avances en derechos laborales, la explotación laboral es un delito que lejos de reducirse se viene incrementando año a año en Castilla y León.

Convive en los polígonos industriales, en explotaciones agrarias y ganaderas del medio rural, en sectores como la construcción y la hostelería, y también en el cuidado de personas dependientes.

La realidad es que el número de víctimas de explotaciones laboral liberadas en Castilla y León se ha multiplicado por siete desde 2020, pasando de las 16 de 2020 a las 121 del pasado año, a las que hay que sumar las 46 víctimas de trata con fines laborales que fueron rescatadas, según un informe realizado por el Ministerio del Interior al que ha tenido acceso Ical.

Fruto de este trabajo policial, en total fueron detenidas 53 personas, 34 por explotación y 19 por trata con fines laborales, más del doble que el pasado año, cuando por estos delitos fueron arrestadas 25 personas.

Aunque con un repunte mucho menor, la situación en el conjunto de España es similar y las víctimas de explotación laboral liberadas han pasado de las 538 de 2020 a las 905 del pasado año (+68,2 por ciento). Por su parte, en este periodo el número de víctimas de trata laboral pasó de 99 a 246.

Además de la falta de escrúpulos de algunos empresarios, desde algunos sectores se advierte que la falta de mano de obra es lo que está empujando a la contratación ilegal de inmigrantes en situación irregular, argumento que contrasta con el hecho de que España lidere el desempleo de la Eurozona.

En el conjunto autonómico, Castilla y León ha ascendido hasta la tercera posición, solo por detrás de Islas Baleares, donde se liberaron a 168 víctimas de explotación laboral y de Andalucía, con 157.

Operaciones

Una de las operaciones más importantes realizada el pasado año fue la denominada ‘Zimersa’, en la que efectivos de la Guardia Civil de Salamanca y Asturias desarticularon un entramado formado por seis personas que, bajo la apariencia de legalidad que ofrecía una empresa dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y servicio doméstico, explotaban a sus trabajadoras de origen extranjero, que carecían de permiso de trabajo y estancia legal en España.

La empresa llegó a tener sucursales en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria, teniendo previsto la apertura de nuevas sedes en otras provincias. Su actividad consistía en trabajos realizados en localidades pequeñas, de forma que las víctimas tuvieran dificultades para relacionarse con otras o personas.

En concreto, buscaban un perfil de mujeres que ellos denominaban “buenas trabajadoras” de carácter “dócil y calladas”, todas de origen latinoamericano, en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y situación “muy precaria” en su país de origen por lo que aceptaban condiciones laborales muy duras.

A la hora de formalizar los contratos, la identidad de la empleada no se correspondía con la que llevaba a cabo los servicios contratados, sino que dicha identidad pertenecía a otras trabajadoras que si se encontraban en situación regularizada.

De esta forma, la trabajadora carecía de contrato efectivo, no era dada de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales que vulneraban la normativa. Además, se les impedían ir a centros médicos y hospitalarios sino era acompañados por miembros de la empresa

Inspecciones

En Castilla y León el pasado año se realizaron 464 inspecciones administrativas, lo que supone un incremento del 34,4 por ciento con relación a 2023, cuando se contabilizaron 348. Además, en estos últimos cinco años el número de trabajadores inspeccionados se ha multiplicado por tres al pasar de los 502 a los 1.776.

A nivel nacional fueron 8.308 las inspecciones realizadas, un 41 por ciento más que en 2023, mientras que el número de trabajadores inspeccionados alcanzó los 27.080.

A nivel nacional, el perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Colombia, Moldavia o Marruecos. Además, la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió permitieron la detención de 425 personas, 102 por trata y el resto, 323, por explotación.