La parálisis del “procés”: todos los presupuestos prorrogados desde 2012

El Govern de Quim Torra y Pere Aragonès descorchará 2020 sin unos presupuestos nuevos. Otra vez, y ya van nueve consecutivas (desde 2012, teniendo en cuenta el inicio del viraje independentista), el Ejecutivo de la Generalitat es incapaz de pactar y aprobar las cuentas dentro del plazo establecido al carecer de mayoría absoluta en el Parlament. Síntoma y reflejo de las consecuencias del «procés», a estas cifras hay que sumarle la prórroga técnica de 2011, puente entre el mandato de José Montilla y el de Artur Mas, quien sacó adelante su proyecto de ley en julio y con la abtención del PP.

El Govern de Torra dio luz verde a principios de esta semana el decreto que establece los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos del 2017 para el 2020, que estarán vigentes hasta la aprobación y la publicación de unas nuevas cuentas entre JxCat, ERC y los «comunes». En este sentido, hay que tener en cuenta que las últimas cuentas vigentes son las del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que el ex president impulsó con la CUP a raíz de la cuestión de confianza del 2016 y antes del estallido del «procés» en otoño de 2017. Se aprobaron en marzo de 2017, tres meses fuera de plazo.

Los penúltimos presupuestos aprobados –fuera de plazo– fueron los de 2015, con Artur Mas al frente y Andreu Mas-Colell en la consejería de Economía. Entonces, los postconvergentes lograron el «sí» de ERC justo antes de las elecciones de cariz «plebiscitario» del 27 de septiembre. Las cuentas permitieron restablecer la paga extra a todos los empleados públicos, y toda la jornada y el sueldo de los interinos, dos eternas reivindicaciones tras los recortes derivados la crisis.

Los datos son aún más reveladores si se hecha la vista atrás: los últimos presupuestos que se aprobaron dentro del plazo marcado por ley son las de 2010 (en 2014 prosperaron a finales del mes de enero, tres semanas fuera de plazo). Antes, entre 2002 y 2009, prácticamente todos las cuentas –excepto dos– se validaron dentro del periodo establecido a raíz del acuerdo del tripartito en 2003.

De hecho, la incapacidad por aprobar la ley más importante para un Govern de la Generalitat se ha convertido en la asignatura pendiente del independentismo en los últimos años. El Ejecutivo de Torra no se ha estrenado todavía con unos presupuestos propios pese a sumar un año y medio en el cargo, y Pere Aragonès, vicepresidente econónimco de ERC, se llevó un sonoro portazo de los «comunes» a principios de este 2019 tras su negativa a impulsar las cuentas de postconvergentes y republicanos.

Para el año que viene el acuerdo parece inminente gracias a la subida de varios tramos del IRPF y a reformas de corte social como la bajada del coste de las tasas universitarias, dos requisitos que el partido «morado» puso sobre la mesa para lograr su aprobación. Sin embargo y pese a que ya hay pacto con los «comunes» en el apartado de ingresos, su visto bueno no llegará en ningún caso dentro del plazo establecido.

La incapacidad por impulsar los presupuestos y hacerlo dentro del margen de tiempo fijado por normativa se suma a la «parálisis» que la oposición en bloque achaca al independentismo y al Ejecutivo de Torra. Desde septiembre de 2018, el Parlament ha aprobado 11 leyes, la mayoría modificaciones de normativas anteriores. La primera que impulsó el Ejecutivo de Torra llegó tras 14 meses de mandato y fue la restitución de la Agencia de Salud Pública, eliminada por Artur Mas coincidiendo con los recortes.