El Consejo de Garantías Estatutarias ha emitido este jueves su dictamen sobre la proposición de ley para regular los alquileres, impulsada por JxCat, ERC, los comunes y la CUP, en el que detecta numerosos artículos y disposiciones que no se ajustan al marco legal que establecen el Estatut y la Constitución.

El pasado 23 de julio, Ciudadanos y el PP anunciaron su decisión de llevar al Consejo de Garantías Estatutarias -órgano consultivo de la Generalitat que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente- la proposición de ley para la regulación de los precios de los alquileres de viviendas, al considerar que Cataluña no dispone de competencias para aplicarla.

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha difundido este jueves a través de las redes sociales las conclusiones del dictamen -que no es vinculante-, en el que por unanimidad los miembros del Consejo de Garantías detectan que numerosos preceptos de la ley “no encuentran amparo” en el Estatut y “vulneran” la Constitución”.

"Cs lo advirtió y ahora el Consejo de Garantías nos da la razón. Tumba por unanimidad la ley de alquileres, una mentira preelectoral del Govern populista con Podemos para lavarse la cara sobre el incumplimiento en Cataluña de la ley vigente: 15 % de vivienda de uso social", ha denunciado Carrizosa.

En concreto, según se apunta en las conclusiones del dictamen, el Consejo de Garantías Estatutarias considera que 11 artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final de la proposición de ley no se ajustan al Estatut y vulneran la Constitución en lo que respecta a la “competencia del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales”.

Aunque el dictamen sobre la "proposición de ley de medidas urgentes en materia de contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda" no es vinculante, sí puede conducir a la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios antes de su votación en el pleno.

El pleno del Parlament tenía previsto votar el pasado 24 de julio esta proposición de ley impulsada por independentistas y comunes, pero la votación quedó pospuesta al pedir Cs y el PP dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias para que estudiase su legalidad.

Precisamente hoy jueves a las 12.00 horas el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúne con el Sindicato de Inquilinos, uno de los principales defensores de la proposición de ley, para analizar escenarios.

Pese a ser uno de los grupos promotores de la propuesta, JxCat presentó varias enmiendas a la iniciativa, que enojaron a comunes, ERC y CUP, si bien Torra se desmarcó este martes de estos cambios impulsados por su formación y avaló el redactado inicial de la proposición de ley.