El 17-S de Torra: debate, vista en el Supremo y ¿elecciones?

Desde el estallido del «procés» en otoño de 2017, la política catalana afronta cada vuelta de las vacaciones como un «nuevo otoño caliente» en el que el independentismo busca recrudecer su discurso con gestos que acentúan la división y el abismo que les separa del constitucionalismo. Este año no es una excepción en un inicio de curso, eso sí, marcado por la incertidumbre doble que provoca la pandemia y la situación de eterna provisionalidad en Cataluña desde que el propio president anunciara en enero que la legislatura estaba rota.

Ayer, y ante una nueva arrancada, el Parlament recuperó la actividad con un calendario endiablado, fijando la fecha del debate de política general en medio de la declaración de Quim Torra en el Supremo –un movimiento pedido por él mismo– y pendiente de la hipotética llamada a las urnas, que comportaría la inmediata disolución de la cámara para iniciar la campaña. Así, las próximas semanas serán de auténtico vértigo político, con varias citas marcadas en rojo que pueden acabar condicionando y precipitando el final de la legislatura.

La primera decisión de la cámara puede marcar los siguientes pasos a seguir: el debate de política general será los días 16 y 18 de septiembre a petición del Govern (en concreto, de Junts per Catalunya, que lleva días maniobrando en este sentido). El Ejecutivo había reclamado cambiar la fecha con el argumento de que el president tiene que acudir a declarar ante el TSJC el día 23 por una nueva causa penal por desobediencia, una decisión ratificada ayer por la Mesa y la Junta de Portavoces.

Por tanto, la sesión más importante del año, la que marca las líneas maestras del calendario político, se celebrará coincidiendo con la vista de Torra en el Supremo, el día 17, programada para estudiar el recurso que interpuso contra su inhabilitación por desobediencia. Así, el president comparecerá ante la cámara antes y después de presentarse en el TS y con la duda que mantiene del posible anuncio electoral. En la primera jornada, la del 16 –justo a 24 horas de presentarse en el Supremo– Torra se dirigirá al resto de diputados –con todos los partidos menos Cs exigiendo elecciones–, mientras que el día 18 se producirá la votación de las propuestas de ley presentadas por los grupos tras un debate que se algará dos jornadas.

Un altavoz mediático y político propicio para un hipotético anuncio del president entre ataques a la Justicia española. Y es que, pese a prometer que convocaría elecciones hace ya siete meses, Quim Torra sigue escondiendo sus cartas a dos semanas de tener que acudir al Tribunal Supremo. De desestimarse su recurso y confirmarse la inhabilitación de año y medio, el líder del Ejecutivo catalán podría tener que abandonar el Palau de la Generalitat a principios de octubre.

La estrategia del president en este sentido sigue siendo una incógnita: el lunes y en un último giro de guion, amagó con desobedecer y no acatar la resolución judicial que le aparte del cargo. «He desobedecido dos veces. No creo que sea la última vez que lo haga. A mí no me marca el calendario la decisión de un tribunal español». Sin embargo, también dejó claro que será él quien decida la fecha de los comicios haciendo uso de la facultad que le otorga la ley de la Presidencia de Cataluña y rechazando la idea de Carles Puigdemont de nombrar a un candidato alternativo.

Por tanto, otro de los escenarios posible es que el president llame a las urnas después de que el Alto Tribunal ratifique la condena por desobediencia pero antes de que reciba la notificación oficial.

Ante los vaivenes de Torra, el vicepresidente del Govern y coordinador de ERC, Pere Aragonès, reclamó ayer una propuesta «cojunta» de todo el independentismo ante la hipotética inhabilitación del president que, a juicio de los republicanos, pasa por convocar elecciones. Aragonès subrayó que, en este caso, la Presidencia quedaría «vacante», por mucho que sea el vicepresidente el que asuma de forma interina parte de las funciones del cargo, y que ERC no presentará ningún candidato a un debate de investidura.

Al margen de la incógnita de las elecciones, la partida de la política también se juega en el escenario de la mesa de diálogo. Ayer, la portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), abrió la puerta a reactivar el foro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez este mes de septiembre siempre y cuando se hable de autodeterminación y amnistía, un órdago que los postconvergentes quieren acentuar frente a la vía pragmática de ERC en pleno clima preelectoral.

En este marco, Budó reconoció que están «abiertos todos los escenarios» de cara a las elecciones, aunque también explicó que el Govern tiene previsto empezar a elaborar los presupuestos de la Generalitat de 2021 y aspira a aprobar el anteproyecto antes de que finalice el año –una señal más de la voluntad de estirar el mandato–.

Antes de que se puedan precipitar los acontecimientos, el Parlament celebrará su 40 aniversario desde que fuera restablecido, en 1980, con dos actos que se llevarán a cabo los días 7 y 10 de septiembre, en formato reducido y manteniendo las necesarias medidas de protección debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. Justo entonces, los días 9 y 10, está previsto el primer pleno ordinario después de las vacaciones.

Y luego aparece en el horizonte la Diada, una fecha icónica para el independentismo. En los actos institucionales, el Govern y el Parlament homenajearán a las víctimas de la pandemia, aunque también se proyectarán imágenes de los líderes del «procés» condenados en el Palau de la Generalitat. Tampoco hay que olvidar el tercer anivesario del 1-O ni el primero de la sentencia. De hecho, el Supremo también debe resolver si suspende el tercer grado de los líderes independentistas.