Una caravana de coches toma el centro de Barcelona en defensa del castellano en la educación en Cataluña

Una caravana de coches ha tomado esta mañana el centro de Barcelona en protesta contra la nueva Ley Educativa (LOMLOE), bautizada como “Ley Celaá, porque suprime la referencia al castellano como lengua vehicular. La manifestación, organizada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha salido a las 12 horas de la plaza Francesc Macià y ha concluido en Plaza Cataluña. Además de multitud de entidades constitucionalistas , han participado PP, Ciudadanos y Vox.

La marcha se ha desarrollado sin incidentes. Encabezada por una camioneta de la AEB bajo el lema de “También en español”, centenares de coches y motos han circulado escoltados por varios furgones de los Mossos d’Esquadra por avenida Diagonal y Paseo de Gràcia hasta llegar a Plaza Cataluña.

La marcha estaba ya organizada desde hace días, pero ha tomado todavía más importancia después de que el jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictara una sentencia de amplio calado y obligara al sistema educativo catalán a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. Una resolución que pone límite a la inmersión lingüística que lleva imperando en Cataluña desde principios de los años 80 y que sitúa al catalán como única lengua vehicular en la educación pública.

La portavoz de la AEB, Ana Losada, ha reprochado hoy que la política lingüística que se aplica en los centros educativos catalanes es “injusta” porque priva a los niños de recibir la primera enseñanza en lengua materna en contra de lo que “recomienda la UNESCO” y es “también contraria a derecho, como han dejado patente abundantes resoluciones de diferentes tribunales”. Ante este escenario, Losada ha reclamado que se incluya por Ley de forma “expresa” la presencia del castellano, junto al resto de lenguas cooficiales, como vehicular y que la Generalitat adopte de “inmediato” las medidas para incluir el español en la enseñanza para evitar que las familias tengan una a una que pugnar, como hasta ahora, en los tribunales.

Y es que gracias a la nueva resolución del TSJC, la obligatoriedad del 25% de las clases en castellano se extiende “a todos los alumnos catalanes”, a diferencia de ahora, que, cuando una familia reclamaba ante la Justicia, esa cuota solo se implantaba en su “entorno escolar” –su aula–. Losada, asimismo, ha advertido contra las “intoxicaciones” y “falacias” de la Generalitat, en alusión a que ha dicho que cuando entre en vigor la nueva “Ley Celaá” la resolución del TSJC “quedará sin efecto”.

El PP ha protestado contra la supresión del castellano como lengua vehicular en Cataluña, pero también contra otros puntos de la “Ley Celaá”. Los populares, que han situado la defensa de la libertad educativa como uno de los principales ejes de la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero, también han cargado contra el aumento de restricciones en el acceso a la educación concertada; contra la intención de ir incorporando niños con necesidades especiales a centros educativos ordinarios; y, contra la posibilidad de superar cursos con suspensos.

El portavoz del PP en Barcelona, Óscar Ramírez, acompañado por la diputada María de los Llanos de Luna, ha afirmado que la nueva normativa busca “imponer una ideología” y ha sostenido que se caracteriza “por su sectarismo y por su intento de desterrar los valores del mérito y del esfuerzo de la educación”, y que sirven como ascensor social, según él. “Como podemos ver, desde la propia ‘Ley Celaá’ se ataca a la escuela concertada y a la educación especial”, ha añadido.

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha considerado que la “Ley Celaá” supone un “abuso” para todos los catalanes porque elimina el español como lengua vehicular y ha recriminado que en Cataluña “los alumnos castellanohablantes no pueden estudiar sus primeras palabras en su idioma materno”. “Y también muchos alumnos catalanohablantes ven mermadas sus capacidades de desarrollarse en castellano”, ha añadido Carrizosa, que, acompañado por el portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal, ha criticado también al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, por no rechazar la ley: “Sigue guardando silencio, como siempre guarda contra todos los abusos del separatismo”.

El candidato de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, ha asegurado que garantizarán “la educación en español” y exigirán desde el Parlament que se renueven los conciertos educativos. “Se ha acabado el tiempo de seguidismo, de compadreo, de arrodillarse ante el separatismo. Nosotros vamos a ser el verdadero dique de contención”, y ha añadido que darán una batalla sin cuartel frente “a los enemigos de la libertad y de España”.