La Generalitat apuesta ahora por celebrar elecciones lo “más pronto posible”

“Batallaremos hasta el final para defender la fecha del 30-M. Estamos convencidos que tenemos la razón”. Con estas palabras, el president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su confianza en que la nueva fecha escogida por el Govern para celebrar las elecciones se imponga en el pleito judicial al 14 de febrero, aunque, entre medias, también ha dejado entrever que estaría dispuesto a acceder a algún tipo de cambio: por un lado, ha reiterado en diversas ocasiones la voluntad de celebrarlas lo “más pronto posible” y, por otro, ha llamado de nuevo al “consenso y la cohesión” a todas las fuerzas políticas para tratar de alcanzar algún acuerdo.

“Queremos que el nuevo Parlament, que estamos de acuerdo que debe ser escogido cuanto más pronto posible mejor, con un nuevo Govern cuanto más pronto posible mejor para salir de esta situación de provisionalidad, pero queremos que sea el máximo de representativo de la voluntad popular y que nadie se vea limitado en el ejercicio de su derecho a voto”, ha afirmado Aragonès, antes de apelar a “fortalecer la cohesión” entre los partidos y a “actuar todos con la máxima responsabilidad”. “Porque lo que queremos es que el día que vayamos a votar, que queremos que sea cuando más pronto posible, vayamos sin pensar que estamos poniendo en riesgo a nadie”, ha agregado.

Aragonès, que ha asegurado que la Generalitat tendrá esta tarde las alegaciones listas, ha desgranado los argumentos por los cuales ha defendido el retraso electoral. Ha aludido a dos informes de la Generalitat: uno de la Comisión Jurídica Asesora, elaborado en septiembre, que subraya cómo “el riesgo sanitario” puede “devaluar la calidad democrática” del proceso electoral -porque impediría a parte del electorado ir a votar-; y, otro de la Agencia de Salud Pública que hace una proyección de la evolución de la pandemia y sitúa la presión hospitalaria máxima entre el 3 y el 7 de febrero. “Pero, mas allá de informes, hace falta sentido común”, ha reclamado Aragonès.

En este sentido, se ha hecho eco de un estudio publicado por el Síndic de Greuges que estima en entre 100.000 y 200.000 votantes que no podrían ejercer su derecho a voto por estar confinados el 14-F y, además, ha alertado contra la “falta de confianza” que suscita celebrar unas elecciones en medio de la tercera ola de la pandemia, circunstancia que puede causar una baja participación. “Si se vuelve a la fecha inicial, hay un riesgo muy grande del aumento de la abstención”, ha dicho y ha asegurado que el nuevo Parlament y Govern deben contar con un apoyo representativo de la población catalana. “Podremos buscar muchos mecanismos de participación, pero a partir de un nivel pandémico, todos los protocolos pueden ser insuficientes”, ha valorado.

Lo cierto es que en las últimas horas ha empezado a barajarse la posibilidad de optar por la “vía PSC”: hacer un nuevo decreto que incluya un aplazamiento técnico de las elecciones, pero que se celebren en marzo o abril. Este calendario también tiene el aval de expertos epidemiólogos, como Oriol Mitjà o Salvador Macip, que prevén una nueva ola de coronavirus a finales de mayo.

El president en funciones también ha atacado también con dureza al PSC tras el golpe judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Aragonès, de hecho, ha acusado al ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, de vetar restricciones severas para permitir las elecciones en Cataluña: ha asegurado que España es el país que “está combatiendo” con las medidas “más laxas” una incidencia de coronavirus “mucho más elevada” y ha señalado que “buena parte” de estas decisiones “dependen” de aquellas fuerzas políticas que más reparos han mostrado al cambio de fecha, en referencia al PSC. “A mí se me hace muy difícil imaginarme el 14 de febrero llamando a la participación, como hacemos siempre”, ha alertado.