El PP arranca contra la ley Celaá: “Destruye la libertad de elección de centro educativo”

El PP ha arrancado la campaña con la presentación de un paquete de medidas educativas enfocadas a combatir la llamada ley Celaá, criticada con dureza por los populares desde el momento de su aprobación. “Destruye la libertad de elección de centro educativo”, ha resumido el candidato Alejandro Fernández antes de hacer una defensa cerrada del bilingüismo, la convivencia de la escuela pública con la concertada y la apuesta por elevar el nivel actual que fija la normativa. “Si un título se puede lograr pasando de curso con algún suspenso no va a tener ningún valor en el mercado laboral”, ha asegurado en este sentido.

Sobre la inmersión que blinda la ley Celaá al excluir el castellano tras el pacto del independentismo con el PSOE y Unidas Podemos, el PP recuerda que las sentencias judiciales obligan a que los centros impartan un mínimo del 25% de asignaturas en español, algo que queda fuera del modelo que tiene el catalán como lengua vehicular.

En líneas generales, Fernández ha defendido “la libertad de los padres a elegir la mejor educación para sus hijos, mejorando la educación pública y protegiendo también el modelo de escuela concertada”. Y, en concreto, el PP propone aumentar la oferta de plazas de guarderías públicas y concertadas, avanzando hacia la gratuidad y la universalidad de la etapa 0-3 años; “un plan de choque contra el abandono escolar prematuro”; y mejoras ayudas para las familias, entre otras medidas.

Sobre la actualidad y la salida de los condenados del 1-O en semilibertad, Alejandro Fernández ha mostrado su escepticismo aunque ha pedido respeto ante los pasos judiciales a seguir: “Es demasiada coincidencia que se aplique una determinada política penitenciaria coincidiendo con el inicio de la campaña”.

En una rueda de prensa sobre propuestas educativas, Fernández ha dicho que “da la sensación de que esta política penitenciaria no piensa tanto en la ley y la normativa como en los intereses electorales de los partidos, que deben estar pasando un mal momento para que necesiten este tipo de participación”.

Fernández, además, ha aventurado que “no sería la primera vez que el Tribunal Supremo revoca una decisión de política penitenciaria de la Generalitat porque no se ajusta a la ley”; si no se produjera esta circunstancia, el popular ha asegurado que acatará la salida.