La Justicia determinará si Puigdemont paga la condena del Caso Palau como heredero de Convergència

El pasado de Convergència todavía puede salpicar a Carles Puigdemont, pese a que ha hecho todos los esfuerzos posibles para desvincularse de su expartido. La Audiencia de Barcelona ha abierto una pieza separada para determinar quién es el sucesor de Convergència y, por tanto, quién tiene que asumir la condena del partido por el Caso Palau. El importe total a pagar en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado de comisiones ilegales asciende a 6.676.105′58 euros.

La decisión está entre el partido de Puigdemont (JxCat) y el PDeCat (antiguo partido de Puigdemont). Lo cierto es que el expresident ha hecho todo lo posible por deshacerse de Convergència y en JxCat, con Jordi Sànchez a la cabeza, han buscado construir un partido desde cero para tratar de levantar una muralla con el pasado. Pero ese pasado amenaza con volver e impactar de lleno sobre JxCat.

La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona dictó sentencia condenatoria en el Caso Palau de la Música el 29 de diciembre de 2017. Entre otras cosas, ordenaba el comiso de las ganancias obtenidas por Covergència, el expresidente del Palau de la Múscia, Félix Millet Tusell, y su mano derecha, Jordi Montull, con la comisión de tráfico de influencias, que ascienden, respectivamente, a las cantidades de 6.676.105,58 euros, 2.804.716,29 euros y 701.179′07 euros. Los condenados deberán entregar estos importes o, sino, se satisfarán a costa de su patrimonio.

Ya en mayo de 2020, después de ser firme el fallo a raíz de la confirmación del Tribunal Supremo, se inició la ejecución de la sentencia y se elevaron a definitivos los embargos preventivos acordados en la pieza de responsabilidad civil respecto del comiso de las ganancias obtenidas por Convergència por importe de 6.676.105,58 euros.

En este contexto, también cabe recordar que Convergència se declaró en concurso de acreedores en marzo de 2020 y que, según la Justicia, los “bienes-inmuebles embargados a CDC están peritados en la suma de 3.665.434,93 euros, cantidad muy inferior a la cantidad a la que ha sido condenada dicha formación política por comiso de las ganancias ilícitas obtenidas -6.676.105,58 euros-”. “En consecuencia la subasta de los bienes inmuebles embargados en ningún caso cubriría la cantidad objeto de condena”, apunta.

Así las cosas, la Audiencia de Barcelona ha dado un plazo de 15 días al PDeCat y a JxCat para “presentar escrito de alegaciones junto con la propuesta de pruebas que consideren pertinentes”.

PDeCat

El PDeCAT ha negado este martes tener responsabilidades en el caso del Palau de la Música ni cualquier vínculo con el que se pueda relacionar la formación con la causa que investiga la financiación irregular de CDC. El PDeCAT ha defendido que en el momento de los hechos del caso Palau el partido “no existía ni tenía ningún tipo de actividad que se pueda relacionar con los hechos que investiga la Audiencia de Barcelona”, ya que argumenta que la formación nació en 2016 con la transparencia como uno de sus objetivos más importantes.

También afirma que ninguno de los responsables del PDeCAT “ha ejercido ninguna responsabilidad en la dirección de Convergencia que puedan relacionarse con los hechos que se están juzgando”.

Sentencia

El Tribunal Supremo confirmó en abril de 2020 la sentencia de la Audiencia de Barcelona en su práctica totalidad. Apenas hubo variaciones y Millet fue condenado a 9 años y 8 meses de prisión y una multa de 4,1 millones de euros; y, Montull a 7 años y 6 meses de prisión y una multa de 2,9 millones de euros. Asimismo, el alto tribunal confirmó también el comiso de 6,6 millones de euros a la extinta Convergència, ganancias que obtuvo mediante tráfico de influencias.

También fue condenada la exresponsable financiera del Palau, Gemma Montull, a 4 años de prisión y una multa de 2,6 millones de euros; y, el extesorero de Convergència, Daniel Osàcar, a 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 3,7 millones de euros.

La instrucción del Caso Palau empezó en 2009 y, hasta 2017, la Justicia no dictó sentencia. Este caso de corrupción reveló el desvío de fondos de la institución cultural catalana a Convergència para financiarse.