Esquerra vincula su apoyo a los presupuestos a la mesa de diálogo y las inversiones en Cataluña

Poco a poco se va acercando el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y Esquerra vuelve a aparecer como actor clave al ser un socio imprescindible del Gobierno. Por ello, los republicanos fijan ya sus líneas rojas de cara a una negociación que todavía no ha comenzado: mesa de diálogo en funcionamiento, que está previsto que se reactive la tercera semana de septiembre; e, inversiones y dinero para Cataluña.

La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha asegurado que la mesa de diálogo debe de ir “en paralelo” a los PGE, que dependerán “de las inversiones, los números y las cifras que recojan para Cataluña en los distintos ámbitos sectoriales”. También ha precisado que dependerán del grado de cumplimiento con las inversiones previstas para este 2021. Las cuentas de este año también fueron aprobadas gracias a Esquerra y la mayoría parlamentaria de la investidura de Sánchez.

Asimismo, Vilalta también ha hecho referencia a los 5,4 millones de euros de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por el presunto mal uso de fondos públicos para promocionar el “procés” entre 2011 y 2017 y ha cargado contra la “persecución obsesiva” del Estado. En este sentido, ha explicado que el Govern está trabajando en detallar una propuesta para resolver este compromiso, aunque también ha fiado la solución a la “solidaridad” de los catalanes independentistas.

“Nuestra fuerza como movimiento independentista es la solidaridad”, ha dicho y, por ello, ha reclamado que se retome la campaña de la Caja de Solidaridad, la hucha impulsada por la ANC y Òmnium para recaudar fondos e ir pagando fianzas, multas o abogados por causas relacionadas con el “procés”. “Para que nadie se quede solo”, ha añadido, y ha asegurado que los políticos están implicados en esta causa por cosas que la ciudadanía ha pedido que se hiciera. “Como sabemos que la solidaridad es nuestra principal fortaleza, queremos hacer evidente desde ahora hasta el 21 de julio que hay un pueblo detrás acompañando a estas personas”, ha afirmado.

Si bien, la ANC, principal impulsora de la Caja de Solidaridad, tiene el mismo parecer que JxCat y apuesta por cargar la fianza a las arcas públicas: es decir, que la pague la Generalitat. La entidad independentista ha asegurado que “debilitaría al movimiento independentista” si es la sociedad civil quien tiene que hacer frente a los 5,4 millones de euros y dejaría “tocada la credibilidad” del Govern de cara al futuro porque se estaría renunciando a la “defensa de la legitimidad” del ejecutivo catalán y de su acción y se estaría dejando desamparados a sus cargos.

Los posconvergentes, socios de gobierno de Esquerra, también han apostado cerradamente por que sea la Generalitat quien avale a los 34 exaltos cargos implicados por el Tribunal de Cuentas. En cualquier caso, tienen hasta el 21 de junio para hallar una salida al laberinto: si no consiguen reunir los 5,4 millones de euros hasta entonces, se procederá al embargo de los bienes.