El otoño caliente catalán: movilizaciones en la calle y boicot al Govern

La política catalana se ha abonado a los meses agitados a la vuelta de verano. Y, este año, no parece que vaya a ser menos: la Diada, prevista para el 11 de septiembre, se antoja de nuevo como el pistoletazo de salida a una ola de movilizaciones independentistas que pueden hacer tambalear al Govern. Además de la habitual manifestación del 11-S, el separatismo tiene intención de volver a echarse a la calle del 1 al 3 de octubre -para conmemorar el referéndum ilegal de 2017 y las concentraciones posteriores- y, entre medias, se pondrá en marcha el diálogo de la Generalitat con el Gobierno; estará en juego la viabilidad del ejecutivo catalán porque tiene la obligación de aprobar los presupuestos para 2022 tras haber tenido que prorrogarlos en 2021 (en plena pandemia); y, se darán otro tipo de protestas de carácter más social, como la convocada el 19 de septiembre contra la ampliación del Aeropuerto de El Prat.

Una vistazo atrás permite comprobar de inmediato cómo el independentismo ha tomado vuelo siempre tras el verano, tomando el 11-S como trampolín: en 2012, se convocaron unas elecciones inesperadas a raíz de la primera multitudinaria manifestación de la Diada; en 2014, se celebró la primera consulta ilegal del 9-N; en 2015, se organizaron las elecciones plebiscitarias del 27-S que el independentismo perdió; en 2017, hubo el 1-O y la declaración de independencia; y, en 2019, el separatismo tomó las calles para protestar contra la sentencia del “procés”.

En esta ocasión, la habitual manifestación independentista del 11-S llega endiablada porque tanto la ANC como la CUP han previsto echarse a la calle precisamente contra el propio Govern, para protestar contra la mesa de diálogo, que se reactivará a partir del 13 de septiembre. El objetivo es inflamar al independentismo de nuevo (aunque está cada vez más desmovilizado) para meter presión al ejecutivo y boicotear y tumbar la negociación con el Estado y regresar a la vía unilateral. El diálogo con el Gobierno tiene hasta enero una cita mensual, contando las reuniones de la mesa política y la Comisión Bilateral (que irá abordando cuestiones de agenda económica y social).

El independentismo anda ahora con sensaciones cruzadas: por un lado, ha visto cómo poco a poco ha sumado batallas ganadas al Estado en Europa y ha sumado por primera vez más del 51% de los votos en unas elecciones al Parlament; por otro lado, se encuentra en un momento bajo, como queda reflejado en la calle, donde cada vez cuesta mucho más movilizar a la gente. Para reactivar al independentismo de base, la ANC ha trazado este otoño una ola de protestas que puede someter a una dura presión al Govern o también puede dar por enterrado el “procés” si las concentraciones se saldan con poca afluencia.

Además del “procés”, el Govern tiene en juego su futuro porque es esencial aprobar los presupuestos de 2022 ya que arrastra los prorrogados de 2020 (previos a la irrupción de la pandemia). En este punto, se situará en el centro la agenda económica y social porque los potenciales socios (CUP y Comunes) mirarán con lupa hasta qué punto el Govern elabora unas cuentas expansivas y contribuye a terminar de revertir los recortes de la última década y también pondrán algunos condicionantes incómodos.

Entre estos, aparecen proyectos como la ampliación del Aeropuerto de El Prat (con una inversión de 1.700 millones de euros en 10 años), la candidatura de la Generalitat para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 o el macrocomplejo de ocio y juego del Hard Rock. Una manifestación prevista para el 19 de septiembre en contra de la modificación del aeropuerto se puede convertir en uno de los detonantes de un clima duro para el Govern, que anda con dudas y dividido.

JxCat defiende firmemente la ampliación del aeropuerto, mientras que en Esquerra va por sectores y ahora parece haber encontrado una postura común, que pasa por evitar ampliar la tercera pista para no dañar el espacio natural de La Ricarda. La CUP y Podemos lo rechazan mientras que el PSC se ha erigido en uno de los principales valedores de la ampliación.

En cualquier caso, la agenda política, económica y social del Govern llega cargada al otoño y, aunque no hay ninguna cita electoral en el horizonte más cercano (hasta 2023, todo parece despejado), el rumbo de la política catalana puede volver a verse agitado como en años anteriores.