Fijan el 25 % de clases en castellano en un instituto en Vilaseca (Tarragona)

La familia había presentado en 2020 un recurso contra una resolución de la conselleria de Educación que desestimaba una solicitud de modificación del proyecto lingüístico del centro

El conseller de Educación, Josep González-Cambray
El conseller de Educación, Josep González-Cambray FOTO: GENERALITAT DE CATALUNYA Generalitat de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado un 25 % de educación en castellano en un instituto de Vilaseca (Tarragona), al estimar parcialmente un recurso de una familia del centro que pedía la escolarización en catalán y castellano en proporciones equivalentes.

La sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC, ha fijado en el curso y clase del hijo de la familia que se incluya el castellano como lengua vehicular, que fija en un 25 % y para lo que «deberá efectuarse la adecuación del proyecto lingüístico» del centro.

La familia había presentado en enero de 2020 un recurso contra una resolución de la conselleria de Educación que desestimaba una solicitud de modificación del proyecto lingüístico del instituto.

En lo que se refiere a la petición de la familia de anular el proyecto lingüístico del centro, la sentencia señala que el recurso se refería a uno aprobado en 2018 y que ahora está vigente uno aprobado en noviembre de 2020.

El tribunal ha subrayado que el aprobado en 2018 no contemplaba recibir en castellano ninguna materia no lingüística, y que el proyecto vigente «no contempla ninguna previsión respecto a la lengua castellana en cuanto a lengua vehicular y de aprendizaje, sin establecimiento de porcentaje».

«El catalán es la lengua de uso habitual, y aunque se contempla la lengua inglesa y alemana, no existe previsión de utilización del castellano. Es evidente que la previsión contenida en el proyecto lingüístico no respeta el porcentaje mínimo establecido» del 25 %, ni que se aplique en áreas, materias o asignaturas no lingüísticas, señala la sentencia.

Por ello, el TSJC solicita que «se adecue» el proyecto para que refleje el uso vehicular de ambas lenguas oficiales en una sentencia, que no es firme y ante la que se puede presentar recurso de casación.

La Generalitat recurrirá la sentencia del TSJC, según han explicado fuentes de la conselleria de Educación.

En un tuit, la Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha afirmado que «la valentía» de la familia y la entidad han hecho posible la sentencia.

La inmersión lingüística se antoja la primera batalla de 2022 en la política catalana. A finales de enero, la Generalitat tiene que dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano en el sistema educativo catalán, pero, de momento, ha dado muestras claras de que su intención es desobedecer. Y, para ello, necesita contar con la alineación de todos los centros educativos, con sus directores y profesores a la cabeza y, en este sentido, para conseguirlo, el Govern ha aprobado hoy un acuerdo para ofrecer defensa jurídica a todos los responsables y trabajadores de cada escuela.

El ejecutivo catalán ha aprobado “proteger con todos los medios las personas que rigen los centros educativos, los docentes y el resto de personas que prestan servicios ante posibles ataques”. “Y, de acuerdo, con el principio legal de indemnidad, acuerda poner a los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la administración de la Generalitat a su servicio”, señala el Govern. De esta manera, Pere Aragonès trata de blindar jurídicamente al “brazo ejecutivo” de la desobediencia a la sentencia del TSJC, que son los propios centros educativos.

Las escuelas son quienes deberán de cambiar en los próximos días sus proyectos lingüísticos para dar cumplimiento a la sentencia del TSJC: es decir, deberán incluir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano en sus programas escolares. Pero cuentan con el respaldo de la Generalitat para desobedecer y algunos centros ya han respondido que no piensan acatar la resolución judicial, tal y como expresaron en algunas respuestas a entidades probilingüismo, como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), cuando le remitieron una carta por escrito en la que solicitaban que cumpliera. “Payasos” o “a cagar” son algunas de las respuestas que enviaron algunos de los directores de escuela.