Funcionarios que cobran sin trabajar: el Parlament concede el privilegio a 12 más bajo el mando de Borràs

Sigue el escándalo en Cataluña por los sueldos a funcionarios del Parlament que no trabajan. Una suerte de prejubilación de lujo y a la carta, única en la administración, que cuesta a los catalanes hasta 1,7 millones al año de fondos públicos en salarios a 21 empleados que ya no trabajan. A estos hay que añadirle ahora 12 solicitudes más concedidas en los últimos meses bajo el mandato de Laura Borràs (Junts) y que la cámara busca ahora cómo revisar y si tiene margen para hacerlo -han sido solo aprobadas, no ejecutadas- tras haber rectificado a marchas forzadas por la polémica generada.

Ha sido la propia dirigente posconvergente quien ha dado la cifra en los medios: Borràs ha explicado que durante el último año y bajo su mando se ha dado el visto bueno a estas 12 nuevas licencias de edad a funcionarios de la cámara que cumplían los requisitos para acogerse a este régimen. De hecho, desde el entorno de la presidencia del Parlament aducen que la secretaria general, Esther Andreu -cargo de confianza de Borràs- no disponía de margen para denegar estas peticiones porque los solicitantes cumplían los requisitos para acceder a este régimen antes de que se modificasen a finales de 2021. La Mesa ya reclamó ayer un informe a los letrados en este sentido.

La cláusula de las licencias de edad se habilitó en el Parlament en 2008 bajo la presidencia de Ernest Benach (ERC) y se ha mantenido a lo largo de 13 años. Pero, en diciembre del año pasado, en la última Mesa, los partidos aprobaron una reforma de este privilegio que Borràs aporta como principal argumento para explicar que así defiende su extinción.

Sin embargo, la letra pequeña de la modificación que defiende Borràs no implica grandes cambios de fondo: la Mesa acordó hace cuatro semanas una reforma de este régimen, por la que los funcionarios del Parlament podían cobrar sin trabajar tres años anteriores a jubilarse en lugar de cinco, como constaba desde 2008. Un cambio de mínimos que ha coincidido con el carrusel de informaciones desveladas y que ha llevado a los partidos a autoenmendarse: la cámara ha rectificado por obligación y negociará para las prejubilaciones doradas, aunque ni será inmediato -deberá pactarlo con los partidos- ni de forma retroactiva.

En una entrevista de Rac1 Borràs ha seguido justificando que el acuerdo del 21 de diciembre ya se aprobó con la intención de eliminar esta figura, y que el alcanzado en la Mesa este martes defiende “acelerar esta extinción”, que se deberá acordar en una negociación con los trabajadores, representados en el Consell de Personal del Parlament. Fuentes parlamentarias explicaron tras la reunión del órgano rector que estas 21 licencias ya en ejecución se mantendrán al tratarse un derecho retroactivo y expresaron sus dudas sobre el resto, aprobadas pero no ejecutadas, a la espera del informe requerido.

Por otro lado, este miércoles también se ha sabido que los trabajadores de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña se han podido beneficiar estos últimos años, gracias a una sentencia judicial, del régimen laboral del Parlament que permite a los funcionarios cobrar su sueldo sin acudir a trabajar, aunque acotando esta medida a un único año.

En concreto, han sido dos las empleadas de la Sindicatura que se han acogido a este sistema, que se aplica en este caso desde el año 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronunció a favor de una trabajadora que demandaba disfrutar de las mismas ventajas que los funcionarios del Parlament. De hecho, el síndico Jaume Amat ha dicho que en varias ocasiones se dirigió al Parlament para pedir que “se arreglara” la licencia por edad, según ha explicado en declaraciones a TV3 este miércoles.