Colau no dimite: «Estaría fuera de lugar»

El juzgado de instrucción 21 de Barcelona tiene abierto un procedimiento derivado de una querella presentada el pasado mes de diciembre por una asociación contra la alcaldesa de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará ante el juez el próximo 4 de marzo a las 10.30 horas como investigada por presunta malversación y tráfico de influencias.

El juzgado ha admitido la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática sobre las subvenciones y convenios de financiación a asociaciones afines a los comunes, de acuerdo a la información publicada por Metrópoli Abierta.

Esta asociación cree que la alcaldesa firmó de forma arbitraria, discrecional y recurrentemente, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público, una serie de ayudas y acuerdos económicos con el único objetivo de financiar los puestos de trabajo, las actividades y el funcionamiento de diversas entidades afines a Barcelona en Comú, formación que lidera la propia alcaldesa.

Según el Código de Ética Política de Barcelona en Comú, Ada Colau debería renunciar a su cargo de forma inmediata. Según el artículo 3.6 del reglamento interno, los miembros de la formación se comprometen a dimitir si son imputados por delitos que tengan relación con la corrupción.

Las entidades que habrían salido ganadoras gracias a los movimientos de Ada Colau son el Observatorio DESC, donde trabajó la alcaldesa antes de su entrada en el Ayuntamiento y que quintuplicó su patrimonio con Colau como alcaldesa; Ingenieros Sin Fronteras, entidad vinculada al polémico concejal Eloi Badia; Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entidad que fundó Colau y de la que fue portavoz durante cinco años antes de sus inicios en política, y Alianza contra la Pobreza Energética, entre otras más.

En marzo de 2021, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió una investigación contra Colau, después de que una entidad, Abogados catalanes por la Constitución, presentara una denuncia por supuestas subvenciones irregulares. Tras aceptar la querella presentada por esta organización constitucionalista, el Ministerio Público abrió diligencias para ver si la denuncia tiene recorrido penal. La querella es por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y malversación. Además de Colau, la denuncia afecta a la cuarta teniente de alcalde, Laura Pérez, a las ex concejalas Gala Pin y Laia Ortiz y a la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular exige a Colau que asuma responsabilidades después de la citación como investigada. “Ada Colau tiene que dar ejemplo, es la alcaldesa de Barcelona, que dimita y que asuma su responsabilidad, Barcelona no se merece esto”, detalla el presidente del grupo municipal, Josep Bou. “Desde el PP venimos denunciando esta situación desde hace mucho tiempo y Colau debería auto-aplicarse el Código Ético de su propio partido”, señala el portavoz, Oscar Ramírez.