El Govern impide aplicar el 25% de castellano y obliga a retirarlo de todos los colegios

La Generalitat culmina el desafío y ordena a los 5.000 colegios catalanes no fijar ningún tipo de porcentaje en las aulas, a retirarlo de todos aquellos centros que ya lo aplican y a mantener la inmersión lingüística. Un triple órdago como respuesta al 25% de español oficializado este martes, justo el día en que venció el plazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ejecutar la sentencia. De hecho, y en un escrito mandado a la justicia, el Govern alega «la imposibilidad legal» de ejecutar el bilingüismo amparándose en su propia normativa, aprobada a trompicones y de forma unilateral por el Govern para burlar a la justicia.

El último día para aplicar el 25% empezó con un un paquete de instrucciones que el titular de Educación, el republicano Josep González-Cambray, firmó de su puño y letra y remitió a primera hora a todos los centros públicos y concertados. En una circular de cuatro páginas, Educación recopila todo el armazón jurídico que la Generalitat ha tratado de levantar para esquivar la sentencia del castellano: recoge la ley que PSC, ERC, Junts y Comunes han pactado y está pendiente de aprobación en el Parlament, el decreto que la Generalitat aprobó el lunes para hacer «inaplicable» el 25% –Educación reproduce en las instrucciones la literalidad de este punto– y añade un anexo con siete preguntas binarias, de sí o no.

La consejería de Educación explica a los equipos directivos de las escuelas que si responden positivamente a las siete preguntas del cuestionario en un plazo de 30 días su proyecto lingüístico quedará automáticamente validado a efectos de la normativa vigente. Eso es, del decreto del Govern que fija incumplir con el 25% de castellano, y con la ley pendiente en el Parlament.

En caso contrario –si se responde que no a una o más preguntas– los colegios e institutos dispondrán del próximo curso para modificar el proyecto lingüístico, que requiere aprobación del consejo escolar del centro o de la titularidad del centro, en el caso de los concertados. Por tanto, hace imposible aplicar el 25% e incluso dar más presencia al castellano.

Y aquí entra en juego la última pregunta del cuestionario, que dice lo siguiente: «¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?». Si los colegios responden afirmativamente tendrán validado su proyecto, mientras que si responden negativamente deberán cambiar su plan. Por tanto y en la práctica, la Generalitat obliga a no fijar ningún porcentaje lingüístico, con la vista puesta en aquellos centros que ya dan más español en las aulas. Es decir, a los que ya aplican el 25% fruto de una sentencia individualizada como puede ser el caso de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar.

En concreto son 47, y preguntado por ello, el consejero fue tajante: «Un profesor no puede escoger en qué idioma hace clase, debe hacerlo en la lengua que fija el proyecto lingüístico». «Tomaremos las medidas que hagan falta en las sentencias que tenemos», avisó Cambray en rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern. Una treta con la que el Ejecutivo busca no sólo no aplicar el 25% sino retirarlo de todas las escuelas que ya lo imparten.

En las instrucciones remitidas a los centros, además de interrogar sobre si el proyecto lingüístico «evita el uso de porcentajes» en la enseñanza y uso de las lenguas, el test pregunta si los centros prevén que el catalán es la lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje, y la lengua de uso normal en la acogida de alumnado recién llegado.

También interroga sobre si el proyecto contempla el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano, y si incorpora «criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular» para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas.

De hecho, la estrategia de la Generalitat pasa por esgrimir que ahora hay un nuevo marco normativo vigente que «supera» la sentencia del TSJC a favor del 25% de castellano y que por tanto el fallo es «inaplicable». Así lo remitió también este martes a última hora en el mencionado escrito de alegaciones en el que la Generalitat dice que «no puede hacer otra cosa» que pedir al tribunal la declaración de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia «por concurrir una causa sobrevenida, como es el cambio normativo operado».

A nivel político, la maniobra de la Generalitat ha levantado ya una auténtica polvareda. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denuncia la «desobediencia clara y visible» del Govern, advierte de medidas para volver a pedir la ejecución del fallo del 25% -que este miércoles anunciará- y exige al Gobierno de Pedro Sánchez que mueva ficha para cumplir con el fallo.

El PP recurrirá al TC

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, acusó al Govern de «prevaricación» con el decreto ley sobre el catalán en las aulas, que a su juicio incumple la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano, y anunció que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC).

«El decreto exige a los centros educativos que incumplan con esta resolución del TSJC, que se salten la ley y rompan el Estado de Derecho. Nos parece una tremenda irresponsabilidad», lamentó. Vox, además, se querellará por desobediencia contra algunos miembros del ejecutivo catalán. Ciudadanos también ha anunciado recurso al TC.