Junts planea llevar el caso Borràs a Europa y avisa a ERC

Junts mueve ficha y deja claras sus intenciones en el Parlament desde el primer minuto. Si el último periodo de sesiones terminó con la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament al estar acusada por cuatro delitos de corrupción, el nuevo recién descorchado periodo empezó ayer con una nueva afrenta: los posconvergentes solicitaron a la Mesa de la cámara que reconsidere la aplicación del artículo 25.4 a Borràs que la despojó de sus funciones, un paso previo indispensable para llevar el caso ante la justicia europea en una nueva pugna en el seno del independentismo, especialmente entre Junts y Esquerra.

El pasado 28 de julio, la Mesa del Parlament suspendió a Borràs de su condición de diputada y presidenta de la cámara tras la apertura de juicio oral por su causa judicial por corrupción, con los votos del PSC, ERC y la CUP y el voto en contra solo de Junts.

En un comunicado, el partido posconvergente argumenta que la suspensión de la presidenta «vulnera derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la participación política y el principio de seguridad jurídica».

Según Junts, la petición de reconsideración de la suspensión de Borràs servirá «para agotar todos los recorridos administrativos» antes de llevar el caso ante la justicia europea, admitió el partido. Borràs y la formación posconvergente tienen previsto seguir la misma estrategia fallida que en su día emprendió Carles Puigdemont al pedir amparo al Constitucional cuando la mesa le denegó la delegación del voto al estar fugado en Bruselas.

El órgano rector de la cámara suspendió a Borràs en aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament, tras enviarla a juicio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes, antes de ser presidenta del Parlament, entre 2013 y 2018. De hecho, la dirigente y presidenta de Junts se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por parte de la Fiscalía y sólo queda por saber la fecha en la que deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

Con esta maniobra Junts deja claras sus intenciones, hace caso omiso de las reclamaciones de todos los partidos para sustituir a Borràs y certifica su apuesta por convertir el caso en parte de su relato político. «Siguiendo las recomendaciones del equipo jurídico de la presidenta, este procedimiento servirá para agotar todos los recorridos administrativos antes de abrir la vía judicial en Europa», abunda Junts en el comunicado difundido ayer y en el que deja evidente el cierre de filas con Borràs y la estrategia de buscar foco a nivel internacional. De hecho, en su discurso de despedida Borràs abrió una cruda guerra con Esquerra y la CUP, puso «nombres y apellidos» a los diputados republicanos y antisistema que apoyaron su suspensión e incluso les acusó de ir vestidos de «jueces» para apearla de la primera línea política. Cabe recordar además que hace unos meses Borràs y Junts ya maniobraron para tratar de modificar el reglamento del Parlament y cambiar el artículo 25.4, propuesto en su día, en 2017, por la CUP y aprobado con los votos de Esquerra y Junts.

En la última reunión de la Mesa, los diputados de ERC, PSC y CUP pidieron formalmente a Borràs que se apartara de la presidencia y que aplicara el artículo 25.2 –el que contempla una autosuspensión–, algo que la dirigente rechazó de plano. Tras la votación y al quedar apeada de forma automática con el 25.4 y no destituida, la cámara no pudo votar un relevo , por lo que sus funciones quedaron delegadas en la vicepresidenta primera de la mesa, Alba Vergés, de Esquerra. Una situación insólita en la política catalana que los republicanos deberán resolver en septiembre.

Por otro lado y en el marco de esta situación de interinidad, la vicepresidenta segunda del Parlament, Assumpta Escarp (PSC), será quien encabece este miércoles la representación de la cámara catalana en el acto homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 17 de agosto de 2017 en Barcelona.

Así, será Escarp y no Laura Borràs quien encabece la delegación institucional del Parlament en este acto homenaje, tras su suspensión como presidenta de la cámara catalana debido a la apertura de juicio oral por corrupción. La posconvergente no cobra ni tiene los privilegios institucionales de su anterior cargo.