La Generalitat convoca en Barcelona a los directores de los colegios que aún aplican el 25% de castellano

La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia presiones por parte de la conselleria a los 27 centros afectados por resoluciones judiciales

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en el Parlament de Cataluña
El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en el Parlament de Cataluña FOTO: Alejandro García EFE

Todo parecía indicar que, tras la manifestación por el bilingüismo en Cataluña del domingo pasado, la postura oficial de la Generalitat era ignorar lo ocurrido. Y ha así ha sido al menos durante cuatro días. Al final, sin embargo, nada más lejos de la realidad. El conseller de Educación, Josep González Cambray, de tapadillo, ha convocado a los directores de los colegios que han recibido una resolución judicial para aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena impartir, al menos, un 25% de horas lectivas en español.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denuncia las “presiones” que Cambray quiere ejercer sobre los 27 centros afectados por resoluciones judiciales. Con esta reunión, en la que también estarían presentes Inspección de Educación y los servicios jurídicos de la Generalitat, Cambray busca transmitirles tranquilidad ante el incumplimiento y convencer al resto de que deben aplicar las órdenes del Departamento. Hasta ahora, 27 escuelas aplicaban el 25% y sólo ocho han dejado de hacerlo siguiendo las sugerencias del Govern. Según fuentes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una novena escuela se lo plantea, aunque aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. El resto, hoy por hoy, mantienen la medida judicial para no incumplir la sentencia del TSJC.

Unas instrucciones firmadas por el propio González Cambray, que esta semana omitió a la vez que rehuyó dar explicaciones al respecto en sede parlamentaria ante la insistencia la oposición en bloque, incluidos los socialistas y los comunes. Y para tratar de minimizar la convocatoria, la comparó con algunas manifestaciones independentistas justo en el momento de mayor fractura del movimiento en la calle.

Lo cierto es que, mientras el Tribunal Constitucional debe todavía dirimir sobre la cuestión, los partidos independentistas, con la inestimable ayuda del PSC y los comunes, aprobaron un decreto ley del Govern sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos y la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que el Parlament. Estas normas fijan explícitamente la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas»; y consagran el catalán como idioma “vehicular” y el castellano como “curricular”.

Y todo tras una manifestación, la del pasado domingo, que introduce con fuerza el debate sobre el arrinconamiento del castellano en la agenda política, con apelaciones constantes tanto a la Generalitat como al Gobierno de Pedro Sánchez y al resto de formaciones políticas. Los impulsores de Escuela de Todos consideran que es momento de decir «basta» y avisan que seguirán luchando tanto en la calle como en los tribunales. «Somos un movimiento cívico imparable», repiten desde la plataforma.

Las entidades probilingüismo, de hecho, apuntan hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, al que señalan tras sus pactos con ERC por la lengua. «Negocian en la mesa su futuro propio y dan por sentado que nos vamos a callar. No lo vamos a hacer, no vamos a bajar la cabeza ni a renunciar a nuestros derechos», resumió la portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, en la manifestación sobre el acuerdo amarrado por el Govern en la última reunión y en la que la Moncloa asumió «de facto» la política lingüística de la Generalitat.