“El desamparo es total”: los efectos del desacato al 25% de castellano

El curso 2022-23 empezará mañana en Cataluña sin una asignatura más de castellano en las aulas, ni en los 5.000 colegios públicos que hay repartidos por todo el territorio, ni tan siquiera en la trentena de centros que aplicaban el 25% de forma individualizada. La Generalitat ordenó este pasado jueves –apenas 48 horas antes del arranque– a las direcciones de las escuelas que no haya porcentajes en los proyectos lingüísticos porque son «incompatibles» con el nuevo marco normativo aprobado por el Govern. Es decir, con el decreto (6/2022) de ERC y Junts y con la ley de lenguas (8/2022) del independentismo, los Comunes y el PSC aprobados, ambos, para esquivar específicamente el 25% de español dictado por el TSJC y avalado por el Supremo.

Un armazón jurídico urdido ante la pasividad de la Moncloa y que afianza la inmersión con el catalán como única lengua vehicular pese a la sentencia marco que ordena un mínimo de dos asignaturas en español en todo el sistema. Ahora,y a la espera de que el Constitucional resuelva qué hacer, la Generalitat no sólo sigue con el veto, sino que lo ha extendido y ha ordenado que ninguna aula aplique el 25%, tampoco aquellas 27 en las que ya se impartía como medida cautelar o tras una resolución firme a raíz de la petición individualizada de una familia. Sirve de ejemplo el caso de Canet del Mar: el colegio Turó del Drac, del menor de cinco años acosado a finales del año, tiene la orden explícita de la consejería de Educación de dejar de impartir una asignatura más en español en la clase concreta del niño. En muchos casos, el periplo judicial de las familias para conseguir el 25% se ha alargado años.

«El desamparo es total», denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad de referencia que representa a las familias. «El anuncio de Josep González Cambray –por el consejero de Educación de la Generalitat– es impropio de la Democracia», abunda su presidenta, Ana Losada, en declaraciones a este diario para alertar de la gravedad que supone que el gobierno de una comunidad «no cumpla con las resoluciones judiciales». «El consejero no puede dar la orden de forma unilateral».

Eso sí, tras el impacto por el nuevo desafío del Govern, la AEB ya se ha puesto manos a la obra para denunciar los incumplimientos que puedan sucederse a partir de este 5 de septiembre. Aquí radica una de las claves del conflicto: además de Cambray, la responsabilidad de mantener o no el 25% de castellano recae también en los directores de los centros implicados, los encargados de aplicar los proyectos lingüísticos. Y la AEB enviará este mismo lunes, día de arranque del curso, una circular a todos los colegios para advertir a los directores de las posibles responsabilidades judiciales que puede acarrear no cumplir con las resoluciones del TSJC

La estrategia de la AEB es clara y pasa también por asesorar y buscar la ayuda de las familias afectadas. En este sentido, son varios los padres que habían contactado con la entidad hasta este fin de semana y ante la incertidumbre que se avecina a raíz del anuncio del consejero de Educación. Y la Asamblea por una Escuela Bilingüe pide a los afectados –especialmente de los 27 centros que seguían con el bilingüismo de forma individualizada– que informen de cualquier cambio en los planes de estudios y proyectos lingüísticos para así poder notificarlo ante el TSJC. Es decir, para exigir «todas las responsabilidades judiciales en caso de que aquellos alumnos que ya disfrutan de una enseñanza en la que el español es vehicular junto con el catalán, dejen de recibirla».

La campaña interna está en marcha y la movilización ciudadana también, con el próximo domingo 18 de septiembre marcado en rojo en el calendario por la manifestación que la plataforma Escuela de Todos organizará en el centro de Barcelona. Una cita que sus organizadores quieren convertir en una respuesta para decir «basta» al «sectarismo» del Govern con el catalán como única lengua vehicular y el castellano relegado a una asignatura.

«El Gobierno de la Generalitat demuestra con este nuevo pulso a la justicia y a nuestro estado de derecho que su objetivo no es otro que excluir al castellano del ámbito educativo y del institucional en general. No hay motivación pedagógica, hay hispanofobia», zanjan desde la entidad.

El órdago de Cambray – «No habrá ninguna aula en Cataluña que aplique el 25%»– coincide además con el vencimiento del plazo del que disponía el Gobierno para impugnar ante el Constitucional tanto el decreto del Govern como la ley del Parlament que esquivan el bilingüismo, una maniobra inexistente que podría haber forzado la aplicación del 25% de castellano.