Un Govern debilitado puede alargar la parálisis del “procés”: mitad de actividad en el Parlament y sin presupuestos cada dos años

El estallido del «procés» ha cumplido 10 años este 2022, y el deterioro político y económico de Cataluña es muy notable. En el ámbito económico, la autonomía ha perdido el liderazgo, al ser superado por la Comunidad de Madrid en términos de PIB (desde 2018) y hay muchos sectores tradicionalmente muy importantes que han ido perdiendo empuje: el farmacéutico es el más paradigmático, donde Cataluña también está siendo rebasada por Madrid y ya cuenta con menor número de empresas radicadas cuando históricamente ha sido al revés. Y, en lo político, el balance legislativo también es rotundamente declinante: en los dos últimos años, con un Govern débil y dividido entre ERC y JxCat, tan solo se han aprobado diez leyes y, dos de ellas, están también relacionadas con el «procés» (una para blindar la inmersión lingüística y otra para permitir que la Generalitat avale a los dirigentes con problemas con el Tribunal de Cuentas).

La comparativa es meridiana: el periodo que va de 2001 a 2011, se aprobaron 241 leyes; en el periodo que va de 2012 a 2022, del «procés», se han aprobado prácticamente la mitad (125). Las cifras, por tanto, son elocuentes y reflejan la inestabilidad que ha atravesado la cámara catalana desde que estallara en 2012 el proceso rupturista. Desde entonces, se ha impuesto la política de bloques y muy pocas veces se ha visto un entendimiento entre partidos del constitucionalismo y del independentismo. De hecho, es ahora, cuando el bloque independentista se ha hecho trizas, cuando ha empezado a aparecer la posibilidad de pactos entre ERC y el PSC, aunque ese escenario todavía está muy frío.

Y eso quelos socialistas sí entraron a pactar con los independentistas la ley para adaptar la inmersión lingüística a la sentencia del 25% de castellano, aunque también ha quedado claro que la interpretan de forma muy distinta: los republicanos, que controlan la conselleria de Educación, apuestan por sortear la resolución judicial mientras que los socialistas aseguran que se tiene que cumplir. En este sentido, tal y como adelantó este diario, una de las exigencias que contempla el PSC para pactos con Esquerra pasa por que el Govern cese al conseller Josep González-Cambray, que está también desafiando a la Justicia ordenando retirar el 25% en las escuelas que ya está aplicándose por sentencia desde hace años.

En todo caso, los socialistas tienden ahora la mano para que el Govern pueda aprobar los presupuestos, aunque Pere Aragonès mantiene sus recelos a aprobarlos con Salvador Illa. El president apura sus opciones para amarrar los apoyos de JxCat, pero se antoja inviable que los posconvergentes se avengan ahora a pactar las cuentas tras la ruptura en el Govern. Por tanto, la única salida que tiene Aragonès, que trata de devolver la estabilidad a la Generalitat y abandonar el desgobierno de los últimos años, es echarse en brazos de los socialistas si quiere tener presupuestos para 2023. De momento, los republicanos juegan sus cartas y tratan de relativizar una prórroga presupuestaria. No es para menos teniendo en cuenta que en la última década del «procés» tan solo se ha aprobado presupuestos cada dos años (2012, 2014, 2015, 2017, 2020 y 2022).

De hecho, tan solo las cuentas de 2022 se aprobaron en tiempo y forma, ya que las anteriores siempre vieron la luz con el año iniciado. El escenario político catalán se ha complicado con el horizonte de las municipales, donde Esquerra quiere volcarse y arrebatarle plazas importantes al PSC. De momento, a tenor de las encuestas, se antoja complicado porque los socialistas siguen muy fuertes y parece muy difícil que pierdan fuelle en el área metropolitana de Barcelona. ERC ha dado este domingo su primer paso con Gabriel Rufián en Santa Coloma de Gramenet.