Sin agua y sin Presupuestos, pero el Govern se reúne para blindar el catalán

El president Pere Aragonès ha convocado a todo su gabinete para una reunión extraordinaria la semana que viene con el pretexto de blindar el catalán. Una cumbre que llega en un mal contexto, con el Govern en total minoría, sin apoyos garantizados para aprobar los Presupuestos, la inflación disparada y la nueva crisis provocada por la sequía a la vuelta de la esquina.

Pese a estas adversidades crecientes, el Govern considera esencial dar prioridad a su política lingüística, un cónclave que se produce después de la aparición de varias encuestas que reflejan la consolidación del castellano entre los más jóvenes en detrimento del catalán, especialmente en Barcelona y el área metropolitana. Datos que han levantado cierta preocupación en un Govern empeñado en convertir la lengua en una de sus batallas tras la sentencia que impone un 25% de español en las aulas y que Pere Aragonès ha desacatado hasta la fecha.

Según anunció ayer la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, el president ha emplazado a todos los consejeros a que «se vuelquen» en esta reunión, que deberá servir para «repasar» las acciones de fomento del catalán en cada departamento. Y también poner en común las acciones que desarrollarán en próximos meses. Por tanto, el republicano exigirá a cada departamento que aplique medidas y políticas concretas a favor del catalán más allá de la Consejería de Cultura, que actualmente tiene sus competencias.

«El catalán es una prioridad de esta legislatura, desde su inicio y de forma transversal. El catalán tiene retos que se deben afrontar ahora y aquí», avisó la portavoz.

De esta manera, el próximo martes 29 de noviembre se llevará a cabo a primera hora de la mañana, en la sede del gobierno catalán, la habitual reunión del Consejo Ejecutivo; y por la tarde, en la sede del Instituto de Estudios Catalanes, se celebrará la mencionada reunión «extraordinaria y monográfica» sobre el catalán. Aragonès solo ha convocado reuniones extraordinarias del gabinete para aprobar los Presupuestos con los Comunes (el año pasado), afrontar la crisis con Junts o precisamente abordar la respuesta a la sentencia del 25%.

Este anuncio llega un día después del informe publicado por Plataforma per la Llengua, la autodenominada «ONG del catalán» y subvencionada por la Generalitat, que indica que algo más de la mitad de los catalanohablantes (un 50,9 %) creen que cambiar al castellano cuando alguien les habla en esta lengua no implica ninguna amenaza.

Una tendencia que se acentúa en el caso de la ciudad de Barcelona: según la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población –del año 2018– un 27% de los ciudadanos usan poco el catalán y un 26% no lo utilizan nunca. Dos colectivos que suman a más de la mitad de los barceloneses. Datos que ha sentado especialmente mal en el seno del Ejecutivo, empeñado en promover medidas para fomentar su uso entre los más jóvenes.

De hecho, el Govern de Pere Aragonès ha evitado aplicar la sentencia del Supremo e impartir una asignatura más en castellano en las escuelas con un armazón jurídico que blinda el modelo de inmersión en catalán. Una ley y un decreto que están pendientes de revisión por parte del Constitucional. En este sentido, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, alardeó este lunes en el Parlament de haber frenado «el goteo de demandas para pedir el 25% de castellano».