Colau prohíbe los supermercados fantasma en Barcelona y restringe las cocinas a un solo barrio

El Ayuntamiento de Barcelona ha encontrado el resquicio legal para cerrar los 21 supermercados fantasma que operan actualmente en la ciudad. Para ello se valdrá de un nuevo Plan especial de actividades vinculadas al reparto a domicilio que, de rebote, cierra la puerta a la apertura de cocinas fantasma. El plan, que debe aprobarse de forma definitiva en el plenario de este mes de enero, prohíbe estas dos actividades que empezaron a proliferar en la ciudad a raíz de la pandemia.

“En los barrios y calles no habrá cocinas ni supermercados fantasma. Son dos actividades que no podrán desarrollarse”, ha sentenciado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz. El objetivo del nuevo plan de usos es proteger el comercio de proximidad, evitar el uso intensivo del espacio público de los repartidores, garantizar sus derechos laborales y evitar los problemas de ruido y olores que provocan en el vecindario. “Podemos decir con la cabeza bien alta que esta norma que presentamos es claramente pionera”, ha destacado la tercera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

En el caso de los supermercados fantasma, el nuevo plan de usos es tajante: quedan totalmente prohibidos y no se podrá abrir hacia Barcelona por las molestias que ocasiona. En cuanto a los 21 supermercados que funcionan actualmente, tendrán que reconvertir, en concreto, en almacén alimentario sin reparto a domicilio (que es el que recoge su licencia de actividad) o supermercados abiertos al público. Además, una vez entre en vigor las normativas se realizarán controles en los locales para comprobar que se adecuan a la actividad permitida.

En cuanto a las cocinas fantasma, no se podrán abrir en ninguno de los barrios de Barcelona. Sólo existe una única excepción: la Zona Franca. En este caso, la norma establece que como máximo podrá existir un establecimiento en un radio de 400 metros, el equivalente a tres manzanas del Eixample. De esta forma se restringe aún más la normativa respecto a la aprobación inicial, en marzo de 2022, que preveía la apertura de estos establecimientos también en los polígonos del Besòs y de la Marina del Prat Vermell.

Actualmente hay dos proyectos de macrococina fantasma con permiso de obras, uno en la calle de Felipe de Paz, en Les Corts, y el otro en la calle de Puigcerdà, en Sant Martí, que “no podrán pedir licencia de actividad”, ha explicado Sanz. El Ayuntamiento ya prohibió la apertura de nuevas macrococinas en marzo de 2021, precisamente a raíz de la polémica generada por estos dos proyectos.

La normativa también establece que bares y restaurantes tendrán que pedir en el plazo de dos años un permiso específico para poder repartir comidas a domicilio. Además, tendrán que permitir a los repartidores entrar en el establecimiento y poder hacer uso del servicio.

En función de la superficie, será necesario reservar un espacio dentro del local para que los repartidores puedan descansar entre servicios, y puedan aparcar las bicis y los patinetes eléctricos

Además, los locales grandes también tendrán que reservar un espacio de espera para los repartidores. Así, los de entre 200 y 300 m² tendrán que tener 10 m² de espera, y los que sean mayores tendrán que reservar 5 m² por cada 100 m² de superficie para los repartidores.

“Norma absurda”

El Gremio de Restauración de Barcelona ha criticado este viernes la regulación del reparto a domicilio que plantea el Gobierno de Ada Colau y la ha calificado de “norma absurda” porque considera que la ciudad no tiene un problema de acumulación de repartidores a las puertas de los establecimientos.

“Nos encontramos ante una normativa absurda que nadie ha pedido y que la ciudad no necesita. Hoy toca lamentar la actitud de un gobierno que se mueve en función de presuntas problemáticas teóricas que la realidad no confirma”, ha expresado el director del gremio, Roger Pallarols, en un comunicado.

Pallarols hace referencia al hecho de que de los locales de entre 200 y 300 metros cuadrados tengan que reservar un espacio de 10 metros cuadrados para los repartidores, una norma que cree que “fracasará porque atenta contra el sentido común”.