Sociedad

Bomberos voluntarios de Lleida demandan a la Generalitat para exigir derechos laborales

El colectivo reclama una equiparación salarial respecto a los funcionarios y estar dados de alta en la Seguridad Social

Un grupo de Bombers Voluntaris
Un grupo de Bombers VoluntarisBOMBERS VOLUNTARIS

Un total de 110 bomberos voluntarios de 22 parques de Lleida han presentado este viernes una demanda conjunta contra la Generalitat de Catalunya, en concreto contra la Conselleria de Interior y Seguridad Pública, para exigir derechos laborales, según ha informado en un comunicado el colectivo 'Bombers precaris en lluita'.

Fuentes del colectivo han explicado que los bombers, que se han concentrado este viernes ante los Juzgado de Lleida, han presentado la demanda bajo la coordinación de Bombers Precaris en Lluita y con el apoyo de la Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) y la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya (FBVCat).

Se trata de la primera demanda colectiva, dado que en las próximas semanas avanzan que presentarán otras, según los partidos judiciales a los que pertenezcan los parques, que aglutinarán a más de 400 bomberos voluntarios de toda Catalunya, lo que supone un tercio de los que están en activo, unos 1.400, según las fuentes consultadas.

En la demanda, sostienen que, pese a su denominación, la relación ha trascendido los límites del voluntariado para convertirse en "una relación laboral encubierta, constitutiva en un fraude de ley", según ha explicado el colectivo a Europa Press.

"Uberización" de los Bombers

Sostienen que este fenómeno, que denominan "uberización del servicio público" consiste en utilizar una figura legal, la del voluntariado, para cubrir las necesidades estructurales de un servicio público esencial de manera precaria y de bajo coste.

Así, sostienen que se crea una figura análoga a la del 'rider', un "bombero rider", conectado a una app, a quien se le exige disponibilidad y profesionalidad, pero se le niega los derechos laborales más básicos, según la plataforma. Aseguran que se les impone trabajar un número mínimo de horas de servicio anuales (650 horas) y que el control se realiza a través de una app móvil obligatoria.

Sostienen que todo esto genera una "grave desprotección para un colectivo que asume riesgos idénticos a los de los bomberos profesionales" y que incumple la normativa estatal y autonómica que regula la figura del voluntario y las obligaciones de la Administración en la prestación de servicios de emergencia.

Por todo ello, exigen que se declare la existencia de una relación laboral común entre los demandantes y la Generalitat, con la condición de personal laboral indefinido fijo, que se les reconozca la antigüedad y que se les dé de alta en la Seguridad Social. También, que la Generalitat abona las diferencias salariales del último año, calculadas por equiparación con la retribución de un bombero funcionario del Grup C2 - nivell 14, más el 10% de interés por mora.