Laura Borràs, acorralada en el juicio por la confesión de sus ex colaboradores

Aislada políticamente y acorralada en el terreno judicial. Laura Borràs empezó ayer con mal pie el juicio por corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusada de prevaricación y falsedad documental por presuntamente fraccionar y adjudicar a dedo contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017. En soledad, sin el apoyo de la mayor parte del independentismo y sólo con su círculo de confianza acudió a una vista que arrancó convulsa ante la posible confesión de sus ex colaboradores para incriminarla.

Nada más empezar lo que debía ser una sesión de trámite dedicada a las cuestiones prejudicales, la defensa de la líder de Junts –conformada por Gonzalo Boye e Isabel Elbal– abrió una guerra contra los otros dos acusados –Isaías Herrero y Andreu Pujol– por sus negociaciones con la Fiscalía para inculparla. Borràs se enfrenta a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, y los reproches, las acusaciones de vulnerar el código deontológico y el tono contundente de los letrados fueron la tónica dominante en la primera jornada.

Todo después de que Isaías Herrero, el principal beneficiario de los contratos, planteara una confesión al Ministerio Fiscal para incriminar a Borràs a cambio de una rebaja de las penas. Una maniobra que trascendió esta semana y a la que se sumó el otro ex colaborador suyo, Andreu Pujol.

Ayer, la defensa de Borràs aireó el pacto y vino a decir que los letrados de los otros dos acusados así se lo habrían confirmado. «No se ha formalizado ningún acuerdo», aclaró la fiscal Assumpta Pujol, algo que podría ocurrir antes de finalizar el juicio. El uso del verbo «formalizar» y el hecho de no haber negado el pacto enervó a la defensa de Borràs hasta el punto de estallar y pedir incluso la suspensión del juicio bajo el pretexto de que necesita «más tiempo» para recabar nuevas pruebas.

En principio, si los otros dos acusados tiran de la manta e inculpan a la presidenta de Junts de haber fraccionado varios contratos públicos para adjudicarlos a dedo por valor de 335.700 euros, la Fiscalía podría modificar sus penas y rebajarlas para evitar así su ingreso en prisión.

La decisiva declaración de ambos y de la propia Laura Borràs será el próximo lunes 20 de febrero, día en que se sabrá hasta qué punto inculpan a la ex presidenta del Parlament.

"No hacer un show"

Y aquí surgió el siguiente punto de conflicto. Tras criticar con dureza el trabajo de las otras defensas y denunciar la maniobra de su ex informático y beneficiario de los contratos, Borràs reclamó a través de su abogada intervenir en último lugar durante el juicio, ya que considera que los otros dos acusados son «coacusadores» a raíz del acuerdo.

Una afirmación que sentó especialmente mal en el entorno de Isaías Herrero y Andreu Pujol hasta el punto de pedir una rectificación. «Herrero está en este juicio como acusado, no como acusador», mantuvo su letrada. De hecho, la defensa del ex amigo de Borràs defendió la legitimidad de llegar a pactos con la Fiscalía en los procesos judiciales y pidió abiertamente no hacer un «show».

Por su parte, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, aseguró en su turno que el tribunal no tenía ninguna «constancia de que exista este acuerdo» porque las partes no expusieron que hayan llegado a una conformidad, por lo que rechazó modificar el turno de intervención. Eso sí, dejó la puerta abierta a hacerlo más adelante. También cabe destacar que la Fiscalía no cambiará los escritos de acusación hasta las conclusiones finales, justo después de las declaraciones de los tres acusados.