Desde el inicio de la legislatura, el president Salvador Illa encomendó a su conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, la que es una de las misiones más titánicas de cualquier Govern: reducir la pesada burocracia que afecta a administraciones, empresas y ciudadanos en Cataluña. El Ejecutivo catalán ha insistido en que esta reforma no pretende desregular el sistema, sino simplificar trámites, acortar plazos, facilitar el acceso a las gestiones y avanzar hacia la plena digitalización. En esta línea, ya se han impulsado medidas como la eliminación de la cita previa obligatoria o la introducción del llamado “derecho al error”, entre otras medidas.

En este contexto, Dalmau anunció este jueves, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, que el próximo martes el Consell Executiu aprobará la memoria preliminar del anteproyecto de ley de simplificación de trámites en los ámbitos urbanístico y ambiental. Según explicó, el objetivo es abordar de forma “clara y ambiciosa” una transformación profunda de estos procedimientos para facilitar la actividad económica en Cataluña.

La futura norma aspira a reducir los tiempos necesarios para conceder licencias de obras —tanto para la construcción de viviendas como para su reforma—, agilizar permisos para la apertura de empresas, acelerar autorizaciones ambientales o acortar plazos para instalar proyectos eólicos y fotovoltaicos. En palabras del conseller: “No puede ser cuando construimos una vivienda en Cataluña pasemos más tiempo moviendo papeles que construyendo propiamente el edificio”.

Dalmau pidió a los grupos parlamentarios encarar este debate sin prejuicios: “Es necesario hacer una guerra contra la burocracia. Nuestro objetivo no es desregular todo el sistema, porque ya hemos visto qué ha pasado cuando esto ha sido el sálvese quien pueda, pero queremos regular de una forma más eficiente, más sencilla”.

Según la memoria preliminar, a la que ha tenido acceso Europa Press, licencias, evaluaciones y autorizaciones urbanísticas o ambientales se han convertido en procesos “excesivamente lentos y complejos”, con una tramitación a menudo desproporcionadamente larga. El documento subraya que todavía hay procedimientos presenciales que no se han digitalizado y que existen pasos redundantes, sucesivos y no siempre necesarios, que podrían integrarse en un único trámite.

El Govern defiende que esta reforma es imprescindible para facilitar la construcción de vivienda, agilizar la apertura de negocios o acelerar la implantación de actividades industriales. En palabras de Dalmau: “Queremos un debate abierto, sin apriorismos, para poder hacer más fácil la actividad económica en nuestro país, pero también abrir una empresa, pedir una licencia, poder realizar movimientos de tierras para construir una industria o una vivienda”.

Tras la publicación de la memoria preliminar se abrirá ahora un proceso de consulta pública. Posteriormente, el Consell Executiu aprobará la versión definitiva de la norma y, en unos meses, el proyecto de ley llegará al Parlament para su debate y eventual aprobación.

La propuesta legislativa prevé eliminar o integrar trámites “de poco valor añadido” siempre que pueda mantenerse la seguridad jurídica por otras vías, además de reducir la duración total de los procedimientos urbanísticos y ambientales mediante tramitaciones concurrentes y el uso sistemático de medios electrónicos.

El texto también plantea establecer un régimen específico que determine “los efectos jurídicos, el alcance y las responsabilidades asociadas” de los informes técnicos o certificados que aporten los interesados, con el fin de garantizar su fiabilidad. Paralelamente, se estudiará incorporar mecanismos de colaboración con entidades y profesionales que puedan verificar y certificar previamente proyectos en determinados supuestos, agilizando así la gestión.

En materia ambiental, el Govern valora introducir procedimientos diferenciados “según el grado de incidencia ambiental” y contempla crear vías simplificadas para proyectos situados en municipios pequeños o rurales. Como defendió Dalmau ante los diputados: “No es justo que se le solicite a un municipio de 2.000 habitantes los mismos trámites urbanísticos que a un municipio de un millón y medio de habitantes”.