La Generalitat de Cataluña reconoce que informa al fiscal ante dudas "flagrantes" de la edad de algunos menores migrantes

La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat ha asegurado que los centros que atienden a jóvenes migrantes sólo informan a la Fiscalía en casos que, pese a presentar documentación, hay una "contradicción indudable, flagrante y manifiesta" entre la fecha de nacimiento y la apariencia física, según han informado fuentes del departamento a Europa Press.

El departamento lo ha explicado tras las críticas contenidas en un informe presentado este jueves por Irídia y Novact sobre la atención a menores migrantes.

Explican que este es el criterio que se sigue para "garantizar los derechos y el bienestar del conjuntos de los menores atendidos por el sistema" y que velar por su protección también pasa por intentar evitar que haya personas mayores de edad en el sistema de protección a la infancia.

En los casos en los que la Fiscalía abre de oficio los procedimientos de determinación de edad y se constata que son mayores de edad, desde la Dgppia "se trabaja para buscarle una alternativa habitacional" o con algún familiar, si tiene en el territorio, o derivándolo a los servicios sociales.

Además, remarca que, además de los 356 expedientes que se cerraron el año pasado porque en las pruebas se determinó que eran adultos, hay casos en los que, pese a la resolución de la Fiscalía, "el joven continúa en los recursos donde está residiendo, con un expediente asistencial.

Se trata de casos de jóvenes comprendidos entre los 18 y los 21 años que están haciendo una formación o presentan necesidades de salud o por discapacidad, entre otros factores, y en estos casos se les sigue acompañando y se les tramita la documentación identificativa o de residencia.

Expedientes

Irídia y Novact presentaran este jueves un informe en el que constatan que en 2024 hubo 59 sentencias en Catalunya que fallaron que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) había cerrado expedientes de desamparo a niños migrantes a los que se les habían vulnerado sus derechos con pruebas biométricas para determinar su edad.

Las entidades afirmaron que "se está expulsando a menores de edad" de centros gestionados por la Generalitat, pese a tener documentación que acredita su minoría de edad, dejándolos en situación de calle y en condiciones de extrema vulnerabilidad social.