El Govern de la Generalitat, bajo presión de Esquerra Republicana de Catalunya, ha acordado ampliar la red de delegaciones en el exterior, conocidas popularmente como las “embajadas” catalanas, que pasarán de las 21 actuales a un total de 24. Los nuevos organismos se situarán en China, Canadá (con un responsable específico para Quebec) y en la región de la Mediterránea Oriental, concretamente en Jordania.

El pacto se cerró este lunes en el Parlament entre el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, y el portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert. El movimiento responde a uno de los puntos recogidos en el acuerdo de investidura entre republicanos y socialistas, que contemplaba tanto la consolidación como la ampliación de estas oficinas.

Más gasto para un proyecto cuestionado

La creación de estas nuevas delegaciones llega en un contexto de fuerte presión fiscal y de exigencias de recorte del gasto público. Sin embargo, la Generalitat mantiene su apuesta por lo que denomina “reforzar la proyección internacional de Cataluña”, una política que lleva años generando controversia tanto por sus costes como por su dudada utilidad real.

Los socios de investidura justifican esta expansión en base al “alto interés estratégico” de las zonas elegidas, en un intento de dotar de mayor legitimidad a una red que, en la práctica, duplica funciones ya desempeñadas por las instituciones diplomáticas del Estado español.

Un modelo con tintes de propaganda exterior

El Govern asegura que esta ampliación se enmarca en el llamado “Plan de consolidación de las delegaciones en el exterior”, aprobado en julio, y que pretende establecer un “nuevo modelo de gestión” para mejorar su funcionamiento. En la práctica, no obstante, se trata de un paso más en la agenda de internacionalización de ERC, que siempre ha defendido este entramado como instrumento de propaganda política, y bajo cuyo mandato, con Pere Aragonès, se abrieron el mayor número de delegaciones.

El Ejecutivo catalán y los republicanos insisten en que estas sedes contribuirán a “fortalecer la representatividad y la proyección económica” de Cataluña. Sin embargo, la apuesta por destinar más recursos públicos a estas “embajadas” se produce en paralelo a los problemas de infrafinanciación de servicios esenciales como la sanidad o la educación, lo que previsiblemente alimentará el debate político y social en los próximos meses.