Constitucionalismo

Societat Civil Catalana impulsa un Consejo Consultivo para diseñar una propuesta de consenso sobre la organización territorial de España

El órgano, integrado por referentes del ámbito social, jurídico, político y económico, elaborará un documento que busca reforzar la democracia y la convivencia

Álex Ramos, nuevo presidente de Societat Civil Catalana
Álex Ramos, presidente de Societat Civil CatalanaLa Razón

La Societat Civil Catalana (SCC) celebró ayer la primera reunión de su recién creado Consejo Consultivo asesor, un órgano integrado por personalidades de prestigio como Pedro Bofill, Josep Ramon Bosch, Jordi Canal, Francesc de Carreras, Joaquim Coll, Teresa Freixes, Ángel de la Fuente, Eugeni Gay, Juan José López Burniol, Joan Llorach, Elda Mata, Fernando Sánchez Costa y Virgilio Zapatero. El encuentro estuvo presidido por el presidente de la entidad, Álex Ramos.

El objetivo de este consejo será la elaboración, a lo largo del próximo año, de una propuesta amplia y transversal que represente a una mayoría social y política. El documento planteará medidas para reforzar la calidad democrática e institucional y, especialmente, para alcanzar una estructuración territorial de España que garantice estabilidad y convivencia.

La entidad señala la polarización política que atraviesa el país y, en este sentido, el consejo analizará los aciertos y errores del modelo territorial vigente durante los últimos 45 años con el fin de redefinir de manera clara y operativa las competencias de las diferentes administraciones, desde la General del Estado hasta las autonómicas y locales.

La propuesta tendrá como premisa la lealtad constitucional y se basará en los principios recogidos en la Carta Magna: el reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de España, la soberanía nacional del pueblo español y la integración en la Unión Europea. También se subraya la necesidad de reforzar la cooperación leal entre las comunidades autónomas y la administración central.

Desde SCC sostienen que la sociedad civil tiene el deber de fiscalizar al poder político, más aún en momentos de “fractura institucional” y de enfrentamiento entre bloques. "El procés catalán se ha extendido ya a toda España y a Europa, lo que agrava aún más la polarización, que afecta a las instituciones y contamina la vida social de la ciudadanía", advierte la entidad, que pretende con este proyecto introducir elementos de debate que ayuden a superar la actual dinámica de polarización.