La Generalitat ignoraba el expediente de la red de pederastia de la DGAIA

La suma de escándalos que rodea a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) sigue generando muchas preguntas sin respuesta. Para tratar de aclarar algunas, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha ofrecido una entrevista en la televisión pública catalana. Por un lado, este lunes se ha dado a conocer que la Fiscalía Provincial de Barcelona solicita 107 años y medio de prisión para un hombre de 40 años acusado de agredir sexualmente a una menor tutelada por la DGAIA, de 12 años, y ofrecerla a terceros a través de plataformas para que mantuviesen relaciones sexuales con ella.

"Estos son unos hechos que ocurrieron en 2020, 2021 y 2022, y que afortunadamente, cuando yo entré en el Govern, esta menor ya no estaba, con la cautela de que no tenemos toda la información, pero todo parece indicar que no está en una situación de desprotección", ha afirmado Martínez Bravo. La consellera ha argumentado que cuando accedió al cargo no le hicieron un "relato de los hechos" sobre el caso, y que se enteró "recientemente" de lo sucedido.

Sin embargo, según ha publicado El Periódico, en 2023 algunos trabajadores de la DGAIA ya alertaban sobre el riesgo que suponen las fugas de menores de estos centros: "Se exponen a explotación sexual y violencia", aseguraban. Además, en marzo del año pasado la Sindicatura de Greuges urgió a los servicios sociales a adoptar "una postura proactiva, anticipándose y planificando actuaciones" para evitar casos como el de la menor abusada. Una de las preguntas que urge mayor respuesta es cómo acabó esta niña, con 15 años, viviendo con un joven de 25, según La Vanguardia. Fueron los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) "los que entrevistaron a ese hombre y aceptaron la convivencia", ha aclarado Daniel Segura, educador social, en RAC1. "Ante la gravedad de los hechos y con voluntad de transparencia", la consellera de Derechos Sociales e Inclusión ha anunciado que comparecerá en el Parlament para presentar las conclusiones del expediente.

En la entrevista, preguntada por si no ha habido ningún expediente abierto por estos motivos por ninguno de sus antecesores en la conselleria, ha expresado que no tiene "constancia" de ello, aunque tampoco puede, textualmente, descartarlo. Ha asegurado que existen "muchos" niños y niñas que han sufrido violencia sexual en el entorno de los menores tutelados y bajo protección de la DGAIA, pero que, a su juicio, la inmensa mayoría de estos casos se han producido en la etapa anterior a haber sido tutelados o guardados por la DGAIA.

"Los casos en los que se producen abusos durante la etapa bajo protección de la DGAIA son mínimos", ha puntualizado.

Tras la solicitud de Junts, a la que se ha sumado el Partido Popular, los grupos de PSC, ERC y Comuns en el Parlament han acordado la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 hasta la actualidad. El documento de la propuesta recoge que la comisión abordará el tensionamiento del sistema de protección de menores entre 2016 y 2020 y la consecuente realización de contratos de emergencia, así como el cobro de prestaciones y mecanismos de control, casos de violencia sexual y dotación de recursos para hacer frente a los retos. Además, el Govern ha anunciado que se personará como acusación particular en el juicio de la menor abusada bajo la tutela de la Generalitat. En este sentido, el ejecutivo liderado por Salvador Illa ha explicado que se llevará a cabo una "transformación profunda" en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

Posibles irregularidades

Además del caso de la menor tutelada violada por un hombre de 40 y ofrecida a terceros, la DGAIA tiene otro frente abierto: una investigación sobre presuntas irregularidades en la prestación a jóvenes tutelados por los servicios sociales catalanes.

Estas ayudas públicas, concedidas por el área de apoyo de la Dirección de Atención a la Infancia, y ejecutadas por la Fundación Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, están siendo investigadas por la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña. Según La Vanguardia, la Sindicatura ha realizado un informe en el que informa de "irregularidades que podrían ser perseguibles por vía administrativa y judicial". Dicho escrito ha sido presentado al Parlament de Cataluña. Sobre esta investigación, la consellera de Derechos Sociales ha recordado que el Departamento que encabeza tiene en marcha una auditoría.