La Generalitat impulsa la reforma integral de la Escuela de Administración Pública de Cataluña

La Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC), fundada en 1912 por Enric Prat de la Riba y una de las más antiguas de Europa, se encuentra a las puertas de la mayor transformación de su historia contemporánea. El Govern de la Generalitat ha decidido situarla en el centro de la reforma de la administración pública y dotarla de un papel estratégico para modernizar el sector público y adaptarlo a las nuevas demandas de la ciudadanía. Con este objetivo, el Ejecutivo aprobará este martes la memoria preliminar de la futura ley que redefinirá la institución y abrirá un proceso de consulta pública que se prolongará durante un mes. La voluntad es disponer del texto definitivo en verano de 2026, tras un proceso que el Govern quiere desarrollar con el máximo diálogo con el mundo local, el sector público, las universidades y los grupos parlamentarios.

La remodelación de la Escuela no se entiende sin el conjunto de cambios que el Ejecutivo impulsa en paralelo. La futura ley de empleo público y la del directivo público profesional forman, junto con la reforma de la EAPC, la arquitectura de la nueva administración catalana que diseña el Govern. El objetivo es doble: reducir la burocracia y simplificar los trámites por un lado, y profesionalizar la dirección pública por otro, limitando el peso de los partidos en la designación de altos cargos y priorizando la selección por concurso y competencias. En este nuevo modelo, la Escuela debe jugar un papel decisivo acreditando a los candidatos, participando en los procesos selectivos y estableciendo formaciones obligatorias posteriores a las oposiciones, que se quieren menos memorísticas y más competenciales. La idea es dejar atrás los nombramientos a dedo y transitar hacia un sistema alineado con los estándares europeos de profesionalización.

En los últimos años, la Escuela ha perdido protagonismo y capacidad de influencia en el conjunto de administraciones catalanas. El Govern considera que la ley que la regula presenta “debilidades” y que el organismo requiere nuevos mecanismos para afrontar los desafíos actuales: profesionalización, captación de talento, digitalización, innovación y transferencia de conocimiento. La nueva norma pretende que la EAPC deje de ser simplemente un apoyo complementario y pase a liderar la selección del personal administrativo de la Generalitat. También busca reconectar la institución con los entes locales, convirtiéndola en un punto de encuentro entre trabajadores municipales, personal de la Generalitat y empleados del sector público. La intención es que se establezca como un espacio de pensamiento y debate que aglutine administración, academia y sector privado.

La reforma quiere dar respuesta a uno de los grandes problemas del municipalismo catalán: la falta crónica de secretarios e interventores, figuras indispensables para el funcionamiento legal de los ayuntamientos. En Cataluña faltan alrededor de 900 profesionales y un 60% de los municipios no tiene personal fijo en estos puestos, una situación que paraliza administraciones locales enteras. Aunque la Generalitat no tiene competencias para convocar estas plazas —que dependen del Estado—, el Govern pretende que la Escuela pueda al menos participar en su selección, acompañar el proceso y garantizar una formación de calidad que permita reducir la rotación y mejorar la profesionalización del ámbito local.

El Govern afronta también un desafío demográfico de gran alcance: prácticamente una cuarta parte de los 260.000 empleados públicos de la Generalitat se jubilará antes de 2030. Este horizonte obliga a replantear la captación de talento y a fortalecer la capacidad formativa del sector público. Inspirándose en modelos como el de la administración francesa, ya se han puesto en marcha programas para fomentar vocaciones de servicio público entre los jóvenes y becas para preparar oposiciones, como las destinadas a los futuros gestores tributarios de la Agencia Tributaria de Cataluña. La Escuela deberá asumir un papel central en esta política de renovación generacional.

La reforma de la Escuela ha sido, en varias ocasiones, un proyecto iniciado pero nunca culminado. El Govern de Pere Aragonès elaboró una propuesta que quedó aparcada tras la ruptura con Junts, y antes, en 2017, el artículo 155 truncó la reforma impulsada por el entonces director Agustí Colomines. Posteriormente, el mandato de Ismael Peña-López también trató de avanzar en una nueva ley, que llegó a aprobarse en comisión técnica en febrero de 2023, pero nunca vio la luz en el consejo ejecutivo. El proyecto actual recupera algunos planteamientos de etapas anteriores, aunque descarta la idea de convertir la Escuela en un consorcio entre administración, mundo local y universidad, una propuesta de Colomines que generó debate en su momento.

El Govern insiste en que esta vez el proceso debe culminar con un acuerdo de país. El director actual de la Escuela, Jaume Magre, doctor en ciencias políticas y especialista en administración local, defiende que la institución debe ser “perdurable en el tiempo” y desempeñar un papel estable en el sistema político-institucional catalán. “Necesitamos esta ley como agua de mayo”, afirma, convencido de que la Escuela debe convertirse en el buque insignia de la transformación de la administración catalana. El papel de los grupos parlamentarios será crucial para validar las tres grandes leyes que definirán el modelo de servicio público en las próximas décadas.

Con la aprobación de la memoria preliminar de la ley, el Govern inicia el proceso formal para reimpulsar la EAPC y reforzar la calidad de los servicios públicos. El Ejecutivo quiere que la institución recupere la ambición con la que nació hace más de un siglo y que vuelva a situarse en el centro de la formación, la selección, la transferencia de conocimiento y la innovación administrativa. Si se logra el consenso necesario, la Escuela de Administración Pública de Cataluña podría convertirse —otra vez— en una pieza esencial del engranaje institucional del país y en el motor de la nueva administración que el Govern aspira a construir.