La Generalitat sigue engrosando el sector público con más funcionarios y más gasto

La maquinaria administrativa de la Generalitat no deja de crecer. Este martes, el Govern ha aprobado dos acuerdos que suponen un nuevo incremento en el tamaño del sector público catalán, tanto en términos de personal como de estructura y funciones. Por un lado, se ha dado luz verde a una reforma profunda del organigrama del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, que contempla la creación de nuevas direcciones generales y la contratación de decenas de profesionales. Por otro, se ha aprobado la ampliación de la plantilla de L’Energètica, la empresa pública de energía de la Generalitat, que incorporará 31 nuevos trabajadores para hacer frente a los encargos relacionados con la descarbonización de los servicios públicos.

Ambos acuerdos se enmarcan en la estrategia del Govern de seguir reforzando el aparato público como respuesta a los retos sociales y medioambientales. Sin embargo, suponen también un incremento del gasto estructural y una mayor carga sobre los recursos de la administración, que en los últimos años ya ha crecido de forma sostenida.

Dos nuevas direcciones generales y 54 nuevos efectivos para Derechos Sociales

El primero de los acuerdos aprobados por el Executiu contempla una profunda reforma del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, encabezado por Mònica Martínez Bravo. Según el Govern, se trata de una reorganización “histórica”, ya que no se actualizaba el organigrama de este departamento desde hace nueve años. La reforma incluye la creación de 16 nuevas unidades, entre las que destacan dos direcciones generales de nueva creación: la de Prevención y Protección a la Infancia y la de Gent Gran (Personas Mayores).

La nueva Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia sustituye a la antigua DGAIA e incorpora la prevención como eje principal. Para ello, se contratarán 37 profesionales adicionales y se sumarán 17 efectivos nuevos a diferentes unidades del Departamento. Esta dirección contará con dos subdirecciones, una para prevención y otra para protección, así como una oficina de control de gestión y un área de apoyo a la prevención.

La otra gran novedad es la creación de la Dirección General de Gent Gran, que asumirá las competencias de la actual Oficina de la Gent Gran Activa, así como sus recursos, y tendrá como misión desarrollar la futura ley catalana sobre las personas mayores. Esta dirección se enfocará especialmente en abordar el fenómeno de la soledad no deseada, un reto creciente ante el envejecimiento demográfico de la población catalana.

L’Energètica duplica plantilla para asumir nuevos encargos y servicios

El segundo acuerdo aprobado autoriza la ampliación de la plantilla de L’Energètica, la empresa pública creada por la Generalitat en 2023 para avanzar en la transición energética. En concreto, se incorporarán 31 nuevos trabajadores a los 30 actuales (con lo que contará con 61), con el objetivo de asumir los nuevos encargos aprobados por el Parlament y el Govern en materia de descarbonización de los servicios públicos: se pretende que, para 2040, los servicios cuenten con energía renovable suficiente como para no emitir CO2.

La ampliación, según el Ejecutivo, se financiará con ingresos propios generados por la actividad de la compañía. "Esta ampliación no significa un incremento de los recursos propios del presupuesto de la Generalitat de Cataluña", ha explicado Sílvia Paneque, la portavoz del Govern. L’Energètica gestiona actualmente cerca de 300 proyectos de energías renovables, paneles solares, parques eólicos, centrales hidroeléctricas, y suministra electricidad a 4.000 puntos de consumo del sector público, incluyendo departamentos de la Generalitat, universidades y centros sanitarios.

Con la nueva plantilla, la empresa pretende prestar nuevos servicios, como el apoyo a redes eléctricas municipales, la exploración de fuentes como la bioenergía o la entrada en el ámbito de la distribución. Además, se prepara para incorporar a los entes locales en su capital social con el objetivo de convertirse en un medio propio del conjunto de administraciones catalanas.

Ambas iniciativas reflejan una tendencia consolidada del Govern: aumentar el tamaño, las funciones y la presencia del sector público catalán. Aunque se enmarcan en retos sociales y ambientales, también generan dudas sobre la sostenibilidad de este modelo a largo plazo y el equilibrio entre inversión pública y eficiencia administrativa.