El juez del "caso Volhov" insiste en el apoyo económico y militar de Rusia a Puigdemont

El juez del "caso Volhov" considera que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda prorrogar la investigación del caso "Volhov" sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo en el procés, un día antes de que el Congreso debata si aprueba la ley de amnistía.

El juez cree que el entorno de Puigdement trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos" y concluye que Rusia tenía interés en el procés por su propósito de "desestabilizar la Unión Europea".

Además, también ha detallado que debe prorrogarse la instrucción de esta pieza, ya que "ésta es la pieza de la que derivan las demás piezas separadas de la llamada 'Operación Voloh', por si resulta necesario practicar más diligencias de prueba comunes a las demás piezas y hasta que no finalicen éstas".

Tras revisar la documentación de la causa, el magistrado asegura que ha encontrado "datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana", alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.

Según el juez, el interés de los investigados era establecer vínculos de "influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Catalunya apoyada por el gobierno ruso".

En este sentido, alude a la presunta previsión de los investigados de que "se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia, siendo (al parecer y según se desprende de algunos mensajes encontrados en el teléfono móvil del investigado Terradellas), la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa".

Sería éste, dice el magistrado, "el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea".

Aguirre cree que hay mucha documentación aún por revisar y su intención es profundizar en las relaciones con ciudadanos rusos, uno de ellos, un exdiplomático que se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges de Barcelona días antes de la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017.

También detalla otro encuentro propiciado supuestamente por Terradellas, en los que participaron un exmilitar ruso y Jordi Sardà, que en la reunión hizo de intérprete y de "enlace con el Gobierno ruso".

Los emisarios rusos también se reunieron con la exdirigente de Junts y persona de confianza de Puigdemont, Elsa Artadi, en el hotel Colón de Barcelona, para hablar de "bitcoins".

Artadi declaró en su testimonio en sede judicial que participó en dos reuniones con Terradellas y dos personas más, "cuyos nombres dijo desconocer", y que ella asistió por indicaciones que le habían dado de ir a escuchar y luego informar a Puigdemont.

Según Terradellas, el resultado de las conversaciones de Puigdemont con dos rusos y Sardà en presencia de Artadi fueron porque el expresidente "les pidió que continuaran las conversaciones con ellos (los rusos".

En el auto también explica conversaciones entre Terradellas y David Madí, exalto cargo de CDC, en el que el primero le asegura que el expresidente le había hablado de criptomonedas: "Tenemos que ir hacia ahí".

"Parece inferirse que la intención última es provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que puedan disponer en la actualidad o en el futuro en criptomoneda con la finalidad de evitar las acciones de control de los poderes públicos, como así se desprende de la afirmación que el propio David Madí le aporta a Víctor cuando le dice que "ellos" pueden prohibir la peseta, pero no pueden prohibir ir con bitcoins", ha asegurado el juez.

Aguirre también incluye en su escrito un manuscrito de Terradellas en el que aparece el nombre de Putin, Trapero, Artadi y MHP (Molt honorable president), aunque "hasta el momento, los investigadores no han podido aclarar la relación" entre los mencionados en el escrito.

También se investiga al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Alay, ya que constan acreditadas varias conversaciones entre él y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, "que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes" rusos, y varios viajes a Rusia.

El juez expone que esos contactos con personalidades rusas "se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella, cuando Terradellas ya no era el punto de contacto en el ámbito ruso" (al ser detenido) y fue sustituido por Alay.

Este martes, el Pleno del Congreso debatirá la proposición de Ley de Amnistía para su envío al Senado, cuya votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica.