Seguridad Nacional apunta al vínculo Junts-Rusia en su último informe

El Congreso de los Diputados votará mañana la ley de amnistía con el terrorismo en el centro de la polémica. La norma irá luego al Senado, en donde el PP apurará los plazos antes de rechazarla con su mayoría absoluta, por lo que tendrá que volver de nuevo a la Cámara Baja para que se levante ese veto. En los dos últimos trámites parlamentarios no es posible incluir ninguna enmienda más al texto, y mañana únicamente pueden ser incorporadas todas aquellas que sigan vivas, como la que presentó Junts para garantizar la aplicación de la medida de gracia a todos los casos relacionados presuntamente con terrorismo, sin excepción alguna, para blindar de esta manera a «Tsunami Democràtic» y también al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.

El PSOE ha ido aceptando rectificaciones sobre un texto que presentó como inamovible en el trámite de ponencia y de comisión, dentro de un mecanismo de reacción a las decisiones que en las últimas semanas ha ido adoptando el juez Manuel García Castellón, y, vistas las rectificaciones conseguidas hasta el momento, Junts ha mantenido en la últimas horas que seguirá presionando hasta el final para conseguir que se acepte esta enmienda. Su aprobación conllevaría el riesgo de hacer aún más difícil la validación de la amnistía por el Tribunal de Justicia Europeo.

Entre las paradojas de este tiempo político cabe mencionar cómo el PSOE ha aceptado las prisas de los posconvergentes para tramitar con la máxima celeridad la amnistía en el Congreso de los Diputados, saltándose incluso el trámite de los informes preceptivos de los órganos consultivos, mientras que esta Cámara está todavía esperando, por ejemplo, la comparecencia de Óscar López, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, para que exponga en ella el último Informe Anual de Seguridad Nacional, el cual fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en abril del año pasado.

El PP pide la comparecencia

El año electoral que fue 2023 puede explicar el retraso del Ejecutivo en cumplir con este trámite, pero, una vez que ya ha echado a andar la nueva legislatura, el Gobierno sigue sin dar señales de tener el menor interés en cumplir con esta obligación legal, y el PP ya ha registrado una solicitud de comparecencia para que se traslade toda esa información al Parlamento.

Ahora, en el retraso también puede estar influyendo la incomodidad que hoy plantea al Ejecutivo alguno de los puntos que recoge este informe en lo que tiene que ver con sus socios de Gobierno. En concreto, el de los vínculos de los independentistas con el presidente ruso, Vladímir Putin. Esa relación de Rusia y sus servicios secretos con Junts, y la colaboración de Putin en el golpe independentista del año 2017, ha sido un problema para el Gobierno de Pedro Sánchez, que le obligó incluso a destituir a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en mayo de 2022. La invasión de Ucrania por parte de Moscú hizo más urgente echar tierra sobre este asunto, y el pacto de investidura de esta legislatura, con Carles Puigdemont como socio decisivo, lo ha acabado de convertir en un tema tabú.

El copioso informe de Seguridad Nacional es de acceso público porque está colgado en el portal de Transparencia, pero ahora mismo resulta políticamente incorrecto y, sobre todo, muy incómodo para el Gobierno en el contexto político que ha abierto el pacto de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

[[H3:«Estrategia de Rusia»]]

En su página 83, el informe incluye una referencia expresa a «los hallazgos sobre los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes», que requieren una «investigación en profundidad», pues se considera que «forman parte de la estrategia más amplia de Rusia de utilizar todas y cada una de las oportunidades para manipular el discurso con el fin de promover la desestabilización».

La Ley de Seguridad Nacional establece en su artículo 13 la obligación de rendimiento de cuentas anual ante el Congreso por parte del alto cargo designado a tal efecto para ello y dentro de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, con el fin de que las Cámaras tengan la participación adecuada en los ámbitos de la Seguridad Nacional y dispongan de la más amplia información sobre las iniciativas en el marco de la política de Seguridad Nacional.

El informe fue aprobado un mes antes de las elecciones autonómicas y municipales de la pasada primavera, y tras la debacle socialista Sánchez precipitó el adelanto de lasgenerales. La Comisión Europea publicó en julio del año pasado un informe en el que también advertía a los países miembros de la Unión de que los líderes catalanes que en 2017 trataron de declara la independencia en Cataluña, por medio de un referéndum ilegal, fueron explotados por Rusia para desestabilizar a Europa.

Pero es que en marzo de 2022 era el propio presidente el que denunciaba de manera velada esos vínculos del independentismo catalán con Rusia en una comparecencia a petición propia en el Congreso para explicar la posición de España y de la UE ante la guerra de Ucrania.