Las Cámaras de Comercio en Cataluña han hecho un llamamiento a los partidos políticos para reformar y simplificar la administración pública con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilidad en beneficio de la actividad económica. Según un comunicado de la Cámara de Barcelona, es esencial reactivar el anteproyecto de ley sobre la profesionalización de la dirección pública, con la intención de seleccionar a los directivos en función de sus méritos y capacidades.

Además, han solicitado la elaboración de un plan de transparencia que detalle el tiempo necesario para resolver permisos y autorizaciones relacionados con la actividad económica, comprometiéndose a reducir en un 50% los plazos y trámites.

Estas demandas se presentan en un documento entregado a los partidos políticos, que incluye 62 objetivos, 247 medidas y 23 prioridades destinadas a desarrollarse durante la próxima legislatura. El documento se organiza en cuatro ejes estratégicos: financiación, inversiones y nuevo modelo productivo; simplificación administrativa y reforma de la administración; territorio y vivienda; y políticas de futuro.

En el primer eje se busca establecer un nuevo marco de financiación que respete la equidad, así como garantizar el cumplimiento de las inversiones previstas. El segundo eje resalta que una mayor eficiencia de los poderes públicos conducirá a un mayor crecimiento empresarial y, por ende, a mejores políticas de bienestar.

En cuanto al eje de Territorio y vivienda, se destaca la necesidad de aplicar una nueva política de vivienda efectiva para descentralizar y vertebrar Cataluña en su conjunto, aumentando la oferta en áreas tensionadas e incentivando la rehabilitación de viviendas.

Por último, las cámaras de comercio abordan medidas para promover la Formación Profesional (FP), impulsar la igualdad de género y el liderazgo femenino, así como fomentar la inversión en conocimiento. Estas propuestas buscan fortalecer el tejido empresarial catalán y mejorar las condiciones económicas y sociales en la región, impulsando un desarrollo sostenible y equitativo para el futuro. La colaboración entre el sector público y privado se presenta como fundamental para alcanzar estos objetivos y generar un impacto positivo en la comunidad.