Informe anual

El Síndic de Greuges asegura que los servicios públicos de la Generalitat no se han adaptado a la Cataluña de los 8 millones

El informe anual de la institución alerta del aumento en la presión asistencial

CATALUNYA.-Un centenar de editoriales, librerías y colectivos critica la "privatización" de Sant Jordi
CATALUNYA.-Un centenar de editoriales, librerías y colectivos critica la "privatización" de Sant JordiEuropa Press

Cataluña ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico estos últimos años. De hecho, la población catalana llegó a los 8 millones de personas en noviembre, y este fenómeno demográfico es uno de los principales retos a los que se enfrenta el Govern. Precisamente ha alertado de ello hoy la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, cuando entregó a la presidenta del Parlament, Anna Erra, el informe anual de la institución.

Este año, el informe del Síndic, además de dar detalles sobre sus actuaciones, por primera vez está destinado a abordar los cinco principales cambios sociales que afectan a Cataluña y que ponen en cuestión la labor de las políticas públicas. Uno de ellos es el crecimiento poblacional de la comunidad, que desde el año 2000 ha aumentado en casi 2 millones de personas. Este cambio social conlleva un aumento en la presión asistencial sobre los servicios públicos.

Otro de los cambios, y relacionado con el anterior, es la migración. Gran parte del crecimiento poblacional es producto del flujo migratorio, de hecho, actualmente, el 16,3% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera, por encima de la media española (11,7%) y europea (8,4 %). Sobre esta realidad, la síndica denunció que el modelo de integración actual «no garantiza la equidad y cohesión social», y aseguró que los migrantes tienen más del triple de posibilidades de sufrir riesgo de pobreza, más del doble de tasa de paro y el doble de dificultades para acceder a la vivienda.

El informe muestra que, por el contrario, tienen menos acceso a los servicios públicos y se benefician menos de las ayudas de la administración. Gímenez-Salinas explica que, a pesar de la situación que sufre este colectivo, los migrantes «tienden a hacer un menor uso de la institución», ya que las quejas de extranjeros representan el 5,5% del total.

Por otro lado, la síndica destaca el empobrecimiento y el envejecimiento de la población como otros de los cambios sociales que afectan a Cataluña. En cuanto al envejecimiento, el informe alerta de que este aumenta las necesidades de atención a las que debe hacer frente la Administración, y reduce el peso de la población que contribuye a financiar las prestaciones sociales. El último cambio social que destaca la síndica es la anteposición de la economía al impacto medioambiental, generado también por el crecimiento demográfico.

En 2023, el Síndic de Greuges atendió a 17.992 personas e inició 21.938 acciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio, estabilizándose el número de quejas alrededor de las 10.000 anuales después del incremento experimentado en la pandemia. De las 10.276 quejas recibidas en 2023, el 43,8% (4.441) corresponden a las políticas sociales, especialmente las de educación, servicios sociales y salud, que constituyen el principal ámbito de intervención de la institución. También han apuntado que el 21,7% de las quejas (2.256) recogidas en 2023 son sobre la administración pública y tributos, seguidas de las políticas territoriales, que representan el 15,4% (1.600) del total de quejas.

El informe del Síndic denuncia que la administración pública no se ha adaptado a estos nuevos contextos sociales. Expone que el tiempo de respuesta de la administración es «excesivamente largo» y asegura que las listas de esperas en el ámbito de salud no se han reducido en los últimos años. Asimismo muestra que también hay retrasos en la tramitación de las prestaciones económicas.

Por otra parte, la síndica también señaló que «solo» el 18,9% de la población menor de 64 años en situación de privación material severa ha percibido la renta garantizada de ciudadanía en 2023. Cerca de 3.000 unidades de convivencia, además, están a la espera de la asignación de una vivienda.

Ante la actual crisis por sequía, la síndica denuncia que las inversiones del Govern para garantizar el servicio de agua han sido insuficientes y las medidas de control del consumo no se han implementado en todas partes. Además, ha detectado carencias en el pleno despliegue de las energías renovables.